Colectivos al margen de la ley

Luis Izquiel

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@luisizquiel 

 

El Gobierno ha permitido la libre acción de estas bandas armadas por un asunto de cálculo político

 

El reciente asedio que ejecutaron diversos “colectivos” sobre la sede principal de la Policía Nacional, intentando liberar a uno de sus miembros que había sido detenido, constituye un hecho de suma gravedad que evidencia el país sin ley en el que se ha convertido Venezuela. Este tipo de episodios envían un mensaje muy negativo a la sociedad.

 

Lo primero que refleja este caso es la inmensa impunidad que existe en el país. El ciudadano que motivó estos hechos había sido apresado portando una pistola 9 mm con los seriales limados, la cual estaba involucrada en un anterior robo de vehículo ocurrido en Ocumare del Tuy. La suma de las penas de los delitos imputados debió conllevar a un auto de privación judicial de libertad, sin embargo, un juez de Control, seguramente presionado por las circunstancias, terminó liberando al detenido. Estas son las consecuencias de tener un Poder Judicial politizado y sin independencia para tomar sus decisiones.

 

El pasado mes de junio fue aprobada, con bombos y platillos, una Ley para el Desarme que prevé una pena de 6 a 10 años para aquellos que porten ilícitamente un arma de guerra, y una sanción de 3 a 5 años para los que hayan alterado los seriales de cualquier arma de fuego. Asimismo, existe vigente una Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos que castiga con prisión de 8 a 16 años a quien, por medio de violencia o amenazas, se haya apoderado de un automóvil. Pero de nada sirve que se promulguen instrumentos legislativos, si no hay verdadera voluntad política para aplicarlos.

 

En un Estado de Derecho la ley debe ser aplicada a todos por igual, no pueden haber privilegiados. Una de las finalidades de la sanción penal es el ejemplo o mensaje que se envía al cuerpo social. El castigo efectivo del delito limita la repetición individual o colectiva de la actividad criminal. La impunidad es seguramente la causa principal de la terrible inseguridad que azota a Venezuela.

 

El poder que han concentrado los “colectivos” les ha permitido erigirse como verdaderas autoridades en algunas zonas de la capital. Paradójicamente, a pocos kilómetros de Miraflores es donde actúan con mayor fuerza. A estas organizaciones se les atribuyen asesinatos, secuestros, invasiones y extorsiones, entre otros hechos delictivos. Cuando los cuerpos de seguridad del Estado intentan actuar contra estos grupos paramilitares de tendencia oficialista, siempre terminan frustrados y desmoralizados.

 

El Gobierno ha permitido la libre acción de estas bandas armadas por un asunto de cálculo político. La existencia de los “colectivos” sirve para tratar de amedrentar a la disidencia, ya que actúan como grupos de choque en elecciones, agreden a periodistas o atacan protestas estudiantiles y vecinales. Por esta razón se les permite accionar al margen de la ley.

 

Seguramente muchos “colectivos” nacieron como agrupaciones sociales y comunitarias, pero hoy la gran mayoría ha tomado el camino del delito y la siembra de la anarquía en el país. Sin que nadie les ponga coto.

 

 

 

 
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