LA DENUNCIA DE VESTALIA

 

JESÚS HERAS – 

 

Hace pocos días, la diputada Vestalia Sampedro denunció que poderosos intereses inmobiliarios procuran hacerse del poder político en Carabobo. De allí estas reflexiones.

En Venezuela, y en el mundo entero, son las alcaldías las más susceptibles a la prevaricación, sobre todo en el área inmobiliaria, cuando autorizar la construcción de edificios de mayor densidad,  violando las normas, puede generar portentosas utilidades. De ello, y de las medidas que se han tomado en otros países para atenuar el mal, existen amplios antecedentes.

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En Estados Unidos, por ejemplo, llegó a ser tan grave el desacato a los patrones de asentamiento que, a finales del siglo XIX, para resguardar la calidad de vida de la clase media, se obligó a los municipios a someter proyectos que aumentaran la densidad poblacional a la aprobación tanto del gobierno nacional como del gobierno estadal correspondiente.

Algo aún más estricto se observa en Europa. En resguardo de la calidad de vida y, en ocasiones, del turismo, se limita la densidad poblacional de las principales ciudades. En Múnich, capital de la provincia de Baviera, el control es tan estricto que quien sobrevuele la ciudad podrá observar, entre edificios céntricos, amplias parcelas dedicadas a la agricultura.

Acá viene ocurriendo lo contrario. Por tomar un ejemplo, en el municipio San Diego del estado Carabobo, de lejos el más rico de la región, los excesos son evidentes. 

A pesar de las protestas que a diario se presentan por fallas en el suministro agua y un tráfico infernal, la alcaldía continúa otorgando permisos de construcción que exceden todo límite admisible.  Un ejemplo con frecuencia mencionado, es el edificio La Isla de 36 pisos, construido casi al frente de Metro Plaza.

Deslindar la actividad mercantil del poder político es algo esencial para la salud de una democracia. Y, sin embargo, el Alcalde de San Diego, conocido empresario del ramo de la construcción, con un record de gestión que ha hecho mucho daño a la clase media de su municipio, logra,  por el simple hecho de decirse opositor (y por tanto presumible defensor de los derechos democráticos) atraer simpatías, mientras en Valencia, un poderoso empresario inmobiliario, dueño de algunos de los mejores terrenos y numerosas propiedades en norte de la ciudad, aspira a la alcaldía mayor.

La intención de los intereses que propician la toma del poder, señala la diputada Vestalia, mujer de profunda fe religiosa y de reconocida verticalidad, es extender las prácticas de San Diego a la gran Valencia, aumentando exponencialmente la densidad de población en Guataparo y el norte de la ciudad, hecho que afectaría notablemente sus zonas residenciales, aumentando el ya insoportable tránsito automotor y constriñendo la prestación de servicios esenciales.

Es este el desiderátum que confronta la clase media de la capital carabobeña. Por un lado, su explicable animadversión hacia el oficialismo. Por el otro, los graves riesgos que se ciernen sobre su calidad de vida.

Complicada la situación.

 

 

 

 
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Un Comentario;

  1. Ivan Olaizola said:

    Será que ya los Salas están preparando otra cachú para hacer perder a Valencia y de paso a San Diego?

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