La protesta de los motorizados y Santa Teresa

 

Ángel Alayón
@angelalayon

 

Una protesta de motorizados colapsó la ciudad. Protestaban por el incremento del precio de las motos y sus repuestos. Carlos Márquez, uno de los voceros de la manifestación, calificaba como indignante que un caucho costara dos mil quinientos bolívares. Otro se quejaba de que no hay motos disponibles y hay que anotarse en una lista de espera. Nelson Villareal, Presidente de la Federación de Motorizados del estado Miranda, contaba que “una moto Empire, que costaba 13.000 bolívares, ahora te la quieren vender en 18.000”. La inflación también anda en dos ruedas y va por el hombrillo, pero no es sólo un problema para los motorizados. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, los precios de productos importados crecieron en 32% durante los primeros seis meses del año: el mayor incremento para el mismo período desde el 2003.

 

Santa Teresa advertía que se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no escuchadas. Los motorizados fueron al Indepabis y una de sus peticiones ante el Presidente del instituto que protege al consumidor fue que se regularan los precios de las motos y de los repuestos. De ser atendida la plegaria de los motorizados, serán víctimas de las inevitables consecuencias de los controles de precios: escasez y encarecimiento del costo real del producto regulado. Resultados muy conocidos por los venezolanos en relación con la disponibilidad y los precios de productos básicos como los alimentos y las medicinas y, por cierto, reconocido por el Banco Central de Venezuela en su índice de escasez, que ha rondado el 20% durante el 2013.

 

Desafortunadamente para los motorizados, la regulación de precios puede tomar un carácter literalmente mortal. Al disminuir la oferta, el mercado de motos y repuestos robados se estimula, con el agravante de que en muchas ocasiones el robo de motos se acompaña con el homicidio del propietario. Ya en abril de este año, Alexander Pérez, Director de la División de Homicidios del CICPC alertaba sobre el modus operandi de los robamotos: “operan por encomienda para robar motos y, si la víctima se resiste, la forma de bajarlos es a tiros […] Hay tres objetivos con las motos: robarlas para venderlas enteras, para ofrecer los repuestos o para cobrar rescate por ellas”. El robo de motocicletas es, entonces, una consecuencia no-intencional de políticas que desestimulan la oferta de motos.

 

No creo que esos motorizados que protestaron esta semana, y llevaron su propuesta al Indepabis, deseen que haya un incremento en la probabilidad de que su moto sea robada. Pero la idea que están proponiendo como solución profundizará el problema que intentan solucionar, pero sumándole a eso el hecho de incrementar la probabilidad de morir por el simple hecho de ser propietario de una moto. Los motorizados no necesitan políticas que desestimulen la oferta. Todo lo contrario. Los precios bajarán solamente si aparecen en el mercado suficientes motos. La regulación de precios lo que hará es lo que ha hecho siempre: generar escasez y sus distorsiones.

 

No es la primera vez que alguien solicita una medida que atenta directamente contra sus intereses. En el fondo, de eso se trata la advertencia de Santa Teresa: debes tener cuidado con lo que pides, porque es posible que tengas que lidiar con las consecuencias de que tus deseos sean cumplidos.

 

Las políticas públicas pueden matar, pero no siempre la conexión entre la decisión de un funcionario gubernamental y un crimen es obvia. Las páginas de sucesos de los periódicos no deberían estar tan lejos de las páginas que informan sobre las decisiones gubernamentales y la economía.

 

 

Tomado de @PRODAVINCI

 
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