EL RESTO

Juan M. Raffali

Juan M. Raffalli

Juan M. Raffalli A. 
jmrhab@yahoo.com
@juanraffalli 

 

Ahora se acabarán los inventarios y los empresarios lo pensarán antes de volver a invertir

 

Desde hace tiempo se viene advirtiendo que el modelo económico de la revolución colapsó pues se mantenía a punta de consumo e importaciones que ya no son sustentables. Si a esto se añade la partida de su líder supremo, es evidente que la situación que enfrenta Maduro es de una complejidad enorme. En definitiva tuvo ante sí una clara encrucijada, hacer ajustes monetarios y fiscales con alto costo político; o seguir por el mal camino que transita desde antes de su juramentación. Tenía razón Capriles cuando dijo “el tiempo de Dios es perfecto”. Ahora, a las puertas de un evento electoral, viendo números y sintiendo los rigores de la impopularidad, Maduro, y ese órgano de gobierno no previsto en la Constitución llamado “Dirección Cívico Militar de la Revolución”, debían tomar decisiones y lo hicieron. Están echando el resto antes de las elecciones pues saben que luego vendrá una sequía electoral de dos años. Lo malo es que, al menos por ahora, optaron por la radicalización, por azuzar al “pueblo” para que se volcara a “vaciar los anaqueles” poniendo a los empresarios literalmente contra la pared.

 

Nadie en su sano juicio puede defender la especulación. Todos somos víctimas de la inflación. Así que quien incurra en prácticas comerciales abusivas debe ser sancionado. Lo que sí criticamos enfáticamente es la forma como se han tomado estas medidas populistas y electoreras que son un remedio peor que la enfermedad. Aparte de lo insólito que es fomentar el desorden y el consumo nervioso, el gobierno se voló por completo toda la legislación que decretó el propio Chávez amparado en sus habilitantes. Concretamente se saltaron a la torera la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley del Indepabis. El gobierno no puede fijar el precio que le dé la gana y como le da la gana, eso vulnera la Constitución. El proceso implicaba fiscalizar, luego categorizar los bienes y servicios como regulados, analizar costos y gastos, fijar el precio máximo de venta al público y luego sancionar a los que incurran en especulación o venta a precios abusivos y sin justificación económica, garantizando a los presuntos infractores el derecho a la defensa y al debido proceso. Nada de esto se hizo. Ahora se acabarán los inventarios y los empresarios lo pensarán antes de volver a invertir.

 

 

 
Etiquetas ,

Artículos relacionados

Top