SOBERANÍA USURPADA

Oswaldo Páez-Pumar
opaezpumar@menpa.com     

 

Se despojó al pueblo del ejercicio de la soberanía que ha pasado a ser un botín

 

El martes 19 se cumplió el último paso en la cadena de actos irritos, violatorios de la Constitución, para otorgar a Nicolás Maduro poderes extraordinarios para legislar. Sus facultades se extienden hasta el ámbito penal para perseguir la corrupción, la escasez, la inflación y otros males que agobian al pueblo por culpa del gobierno anterior al anterior y de la derecha apátrida, que el iluminado no logró vencer y sí lo hará el usurpador.

 

En esta secuencia de actos se despojó al pueblo del ejercicio de la soberanía que ha pasado a ser un botín del PSUV para el imperio de la arbitrariedad. Por supuesto en el proceso de despojar al pueblo del ejercicio de la soberanía cada organismo del Estado ha tenido su parte.

 

Primero fue el CNE que definió circuitos electorales en los cuales se violó el principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos haciendo que el derecho de voto de unos ciudadanos fuera superior al de otros, lo que condujo a la conformación de una Asamblea elegida en dos terceras partes, menos uno, por el 48% del electorado, mientras que el 52% elegía una tercera parte más uno. Se arrebataba la soberanía del pueblo para hacerla propiedad del CNE que decide cuánto vale su voto y cuánto el de su vecino.

 

Tocó su parte al TSJ y a la Asamblea al alimón. El TSJ consagrando que había mérito para enjuiciar a una diputada cuyo voto impedía la conformación de las dos terceras partes de la Asamblea para otorgar poderes extraordinarios al usurpador; y la Asamblea, usurpando la soberanía del pueblo y so pretexto de allanar la inmunidad para autorizar el enjuiciamiento y despojarla de su curul que le fue otorgado por el pueblo. El despojo de la soberanía popular por la Asamblea es tanto más aberrante cuando se advierte que la diputada no ha sido sentenciada por el supuesto delito para cuyo enjuiciamiento halló mérito el TSJ.

 

Las leyes que promulgue el usurpador estarán viciadas todas de nulidad, como nula es la ley que le otorga poderes extraordinarios basada en una mayoría conformada por un acto nulo por parte de la Asamblea al despojar a la diputada de la condición que le dio el pueblo soberano. Ergo, toda acción contra la usurpación perpetrada es constitucionalmente legítima.

 

                                                                               

 

 

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