El ABC de Pablo Castro – Dirigente del Frente Autónomo del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADE)

“La inflación es lo más dañino que hay para el ingreso y la estabilidad laboral”.

“La inflación es lo más dañino que hay para el ingreso y la estabilidad laboral”.

La comisión de alto nivel de la OIT que visitó a Venezuela se llevó un cuadro preciso de la gravedad de nuestra situación laboral. Para el movimiento sindical el panorama no es nada alentador. Los trabajadores de Sidor y de las empresas petroleras confiscadas en el sur del Lago de Maracaibo han sido víctimas de una equivocada estrategia económica, señala el dirigente obrero.

Manuel Felipe Sierra

Tiene una vasta experiencia como dirigente sindical, lo que le permitió importantes cargos en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Desde la alianza unitaria FADE, comparte esfuerzos para lograr diseñar una política común que le permita a la clase obrera enfrentar un cuadro de violaciones y negación de los derechos de los trabajadores. Participó en la reunión con la comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó recientemente al país, para constatar un conjunto de denuncias que afectan a los trabajadores. Estas son sus reflexiones para los lectores de ABC de la Semana.

Hace unas semanas visitó el país una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo y realizó conversaciones con representantes del gobierno, con dirigentes sindicales y con sectores empresariales. Esta visita se había pospuesto durante mucho tiempo porque no había sido autorizada por el gobierno, ¿qué ocurrió ahora y cuáles han sido los aspectos más importantes, a tu juicio, de esta visita?

— La visita indudablemente como lo aspirábamos nosotros, cumplió en parte su papel. Nos convenía a los trabajadores que ella, a pesar de conocer en Ginebra las distintas quejas y denuncias, conociera de cerca los testimonios de los trabajadores y empleadores venezolanos sobre la situación del país, una situación que afecta a todos los gremios. Para nosotros es muy importante haber dado a conocer a profundidad y en forma directa a esta misión la violación de convenios que son fundamentales para cualquier sociedad democrática y para los trabajadores, Por ejemplo, allí expusimos porqué solicitamos al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de más de cien artículos de la Ley Orgánica del Trabajo (que además fue un ley decretada por el Presidente a través de la Habilitante y no fue discutida como debe ser) debido a que ésta, entre otras cosas, violenta la libertad sindical.

— ¿Y cuál es la explicación que da el gobierno ante la violación de los convenios?

— El gobierno simplemente no da ninguna explicación. Hay que recordar que desde 2011 hay un instructivo de la Presidencia de la República sobre los convenios colectivos, que se estableció cuando Chávez ejercía la Presidencia y el órgano rector era la Vicepresidencia que estaba a cargo de Elías Jaua. Aquí la pretensión del gobierno, bajo el marco de que el contrato colectivo es una desviación pequeña burguesa, capitalista, economista y que dentro del marco de la visión socialista y la sociedad totalitaria que ellos quieren imponer, es que el contrato sea visto como una desviación de los trabajadores. Por esa razón, se tomó la decisión de no discutir los convenios colectivos y los que discutieron eran ya convenidos, o sea impuestos por el gobierno, como en el sector de educación, el sector petrolero, el sector del Metro, el sector eléctrico, etc. Pero no el resto de las condiciones colectivas del sector público. Por ello, creemos que desde este momento la misión se llevó la documentación necesaria y aspiramos que nombren una comisión para que las cosas que se plantearon tengan un mecanismo de seguimiento y que el gobierno de verdad se siente a cumplir estos compromisos y que efectivamente aquí se establezca el diálogo social.

— ¿Y cómo se ventiló el caso de los dirigentes sindicales perseguidos?

— Nosotros en eso fuimos muy enfáticos. Primero que todo está el caso de Rubén González que es un caso emblemático porque este compañero, presidente del sindicato de Ferrominera, de acuerdo a una decisión de la Asamblea General de sus trabajadores afiliados al sindicato, en reclamo del cumplimiento de su convención colectiva, de deudas y pasivos que no honraban a los trabajadores, hicieron una protesta pública y la decisión del gobierno, en vez de darle respuestas a sus planteamientos y de acatar ese llamado de auxilio, fue ordenar el enjuiciamiento y contra este compañero. Rubén fue primero fue sometido al juicio y fue imputado por varios delitos, entre esos rebelión y una cantidad de cosas que generan pena de cárcel. Estuvo un año y medio preso y fue entonces cuando se produjo una movilización que, por cierto, fue cuando surgió el Frente Autónomo del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADE), porque nos metimos allí de frente, hicimos marchas, protestas y logramos la libertad condicionada, porque fue sentenciado a siete años y medio y ahora tiene un régimen de presentación en Caracas, en vez de hacérsela en Bolívar. Ya la OIT sobre ese caso decidió y emitió una resolución para que el gobierno cese la persecución contra él y que haya una indemnización por el tiempo que estuvo preso. Pero no hubo respuesta.

— ¿Y hay otros casos?

— Sí, y esa queja se está elevando ante la OIT y se le entregó a la misión. Es el caso de Iván Freites, secretario general del sindicato petrolero de Paraguaná, un compañero con 29 años de servicio que por cierto, en su momento fue simpatizante del chavismo. ¿Cuál fue su delito? Haber denunciado reiteradamente la necesidad de hacerle mantenimiento a los equipos porque no se estaban cumpliendo las normase. Eso fue antes de que se produjera la tragedia de Amuay. Es más, con estudios y quejas hechas por los delegados de previsión laboral que nunca fueron tomadas en cuenta y se produjo esa tragedia, que hasta hora no se sabe realmente los daños que ocasionó. Entonces, Freites siguió insistiendo en que se le respondiera a los familiares de las víctimas, que se aplicaran los mecanismos de corrección a las fallas que habían y hay en la refinería. Pero la respuesta de Rafael Ramírez fue solicitar calificación de causa para su despido ¿y cuáles son las casuales? Haber hecho públicamente estas denuncias, es decir le fue violentado un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Y además, hay más de 200 casos similares de dirigentes sindicales.

— Sin embargo, se supone que esta visita facilite mucho más que estos temas sean discutidos con el gobierno.

— Nosotros aspiramos que sea así, porque esta es una visita muy seria (además fue autorizada por el gobierno) y es de un altísimo nivel de la OIT, quienes ya conocen todo esto y simplemente vinieron a cerciorarse de la problemática del país.

Castro considera que el discurso del diálogo y a la paz no es sincero.

Castro considera que el discurso del diálogo
y a la paz no es sincero.

Convenios y contratos

— ¿Y la situación que se presenta actualmente en zonas críticas de conflictividad laboral? Por ejemplo, el tema de Guayana…

— Allí hay convenciones laborales que están vencidas: está el problema de Sidor, de los Accionistas Clase B, con quienes hubo un compromiso de cancelarles el valor de estas acciones, acciones que los trabajadores pagaron por los dividendos que se generaron en su momento de la privatización, que por cierto, la mayoría de esos trabajadores, tanto jubilados como activos, recibían dividendos semestralmente y desde que la empresa fue nuevamente estatizada la producción se vino abajo y no le pagaron más dividendos. Entonces ellos están reclamando que así como le pagaron a la empresa multinacional la participación accionaria en Sidor, se les cancele a ellos al valor de las acciones en dólares, como les fue pagado a esta empresa. La contratación colectiva también está allí sin discutir; en todas las empresas de Guayana y lo más importante para los trabajadores de éstas es que haya la inversión necesaria para recuperar las empresas básicas para que produzcan los bienes que el país necesita para impulsar el desarrollo nacional y las importaciones. Mientras esos problemas no se resuelvan la situación de conflictividad seguirá latente.

— El otro foco crítico es el tema de los trabajadores petroleros en la Costa Oriental del Lago, donde hace varios años fueron expropiadas algunas zonas.

— Sí, hace cuatro años se expropiaron una serie de empresas, que por cierto generaban empleo en esa zona tan importante. Por su parte, el actual contrato colectivo petrolero se viene discutiendo. Los trabajadores petroleros, que antes eran una referencia desde el punto de vista salarial y de derechos contractuales, hoy se ven disminuidos, todo ese contrato está paralizado porque la empresa considera que es inviable. Pero lo más grave es que éste lo viene discutiendo un sector que es afecto al gobierno, los trabajadores que tienen una expresión en ese comité ejecutivo no son tomados en cuenta para participar en la discusión del contrato colectivo y eso es sin duda alguna discriminación.

— Una de las cosas que se señalan es que el movimiento sindical no ha logrado perfeccionar su unidad. Es decir, después de esto que ocurrió en 2002 con la CTV, que era la máxima representación sindical y ahora tiene un frágil poder de convocatoria, ¿cuáles son los esfuerzos que ustedes han hecho en FADE para buscar una verdadera unidad del movimiento sindical que es lo único que garantiza que estas acciones tengan éxito?

— Nosotros entendemos, y así lo vimos en el paro de 2002, que el movimiento sindical quedó muy golpeado porque fuimos los que recibimos el latigazo más fuerte con el despido de los trabajadores petroleros. Igualmente, en el sector público hubo una persecución y después vino la famosa “lista Tascón” y eso generó entre los trabajadores una desmovilización porque fueron golpeados y precisamente, en el seno de la Confederación, donde yo realmente he militado durante muchos años, planteamos que era necesario una salida para darle relanzamiento al movimiento sindical, que era necesario reconocer que el gobierno nos había derrotado y hacer la autocrítica necesaria para corregir y a partir de allí, empezar a construir las bases de un movimiento sindical mucho más fuerte y combativo.

— Ya comenzando el año 2014, se ha producido un nuevo “ajuste”, una devaluación y estamos en el centro de un problema social bastante agudo con escasez, el desabastecimiento. ¿Qué opinas tú de este escenario y qué luchas se vislumbran para el futuro?

— Para el movimiento sindical indudablemente el panorama no es muy halagador porque primero, aquí no se ha generado ni se va a generar por lo que uno ve, un camino de diálogo y concertación. Aunque han habido llamados, pero éstos no han sido sinceros y no pueden ser sinceros cuando se reúnen con los alcaldes y algunos sectores, pero todavía hay discursos donde predomina el lenguaje de la descalificación: “la cuarta república”, “la guerra económica”, “los saboteadores”, toda una serie de calificativos que siguen generando odio y sesgando a la sociedad venezolana. Entonces, el discurso del diálogo y a la paz no es sincero, el llamado al desarme no es sincero y te das cuenta cuando ves que hay una estatua de Fabricio Ojeda en el 23 de Enero con un fusil, cuando él sólo tuvo una pequeña militancia en la guerrilla, él realmente era un civil, un demócrata. Eso es un llamado a la violencia.

— En relación al tema del salario, ha habido un incremento de salario y hay un cronograma para ello, pero también están los efectos de la inflación…

— Sí. La Ley Orgánica del Trabajo anterior contenía un artículo que establecía que el primes mes de cada año los sectores de la producción (trabajadores, empleadores y gobierno) iban a discutir los efectos que tuviera la inflación sobre el salario y discutirían el problema del salario y no sólo del mínimo. De hecho, ese artículo iba más allá, determinaba el salario por sectores y por regiones, siempre atendiendo una política de concertación y diálogo. Sin embargo, este artículo desapareció con la nueva Ley Orgánica del Trabajo. En todo caso, el presidente Chávez siempre decretó los aumentos a su mejor manera, sin tomar en cuenta los distintos sectores. Ahora se sigue con la misma práctica y en esta última devaluación, cuando la inflación estuvo el año pasado por encima del 56%, se hace un aumento del salario mínimo de 10%, lo que coloca al 80% de los trabajadores en salario mínimo, cuando éste simplemente está dirigido a atender a aquel sector de trabajadores menos favorecidos, es decir aquel nicho que tiene menor formación, menor capacitación. Pero para el resto, para los que tienen mayor desarrollo intelectual, está el mecanismo de la convención colectiva que pueden discutir de acuerdo a su realidad, pero esto no existe y por eso nosotros consideramos que aquí hay que combatir la política económica de gobierno, porque es nefasta, es desastrosa y tiene que ser enfrentada para disminuir la inflación. La inflación es lo más dañino que hay para el ingreso y la estabilidad laboral. 

 
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