Ley para la sequía

 

Gerardo Fernández

Gerardo Fernández

Gerardo Fernández 
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Precios justos: la ley se aplicará sólo para destruir al que más les convenga

 

La Ley Orgánica de Precios Justos sirve para sancionar, castigar, fiscalizar, abusar, confiscar, cerrar empresas y fuentes de trabajo. No servirá para que haya más harina de maíz, aceite, papel sanitario, productos de higiene ni de limpieza y, pare usted de contar. Profundizará el desabastecimiento y la inflación. Fomentará aún más el mercado negro y el buhonerismo especulador. Acabará aún más con el comercio formal y el empleo digno y seguro. No es una ley para la prosperidad del venezolano, sino para la sequía.

Sancionando, regulando y atemorizando al emprendedor, al comerciante y a la cadena de producción y distribución no se activa aparato productivo alguno, ni se llenan los anaqueles del mercado y mucho menos se bajan los precios. Podrán decretar e imponer “precios justos”, pero no abra nada que comprar. No cumplirá con su objetivo de proteger el salario y el acceso a bienes y servicios.

Para el gobierno ahora será aún más fácil expropiar, sin pagar. Será más fácil ocupar y arruinar empresas.

Se crea la SUNDDE como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica. Será un órgano más de carácter punitivo y regulador y jamás auspiciador de prosperidad. Se le encomienda hacer una tarea imposible, establecer la estructura de costos de todos los comercios, industrias y empresas del país, para establecer “su precio justo”. Se crean más registros para la actividad productiva, lo que significan más barreras y límites para trabajar y producir. La ley será imposible de ejecutar e implementar. La ley se aplicará sólo para destruir al que más les convenga.

La SUNDDE iniciará sus actividades y funcionamiento inmediatamente y se le da un plazo de 180 días, contados desde la entrada en vigencia de la ley, para reglamentar la misma. La ley, hecha por el gobierno gracias a la Habilitante, sin consulta y sin control de ningún tipo, autoriza a su vez al gobierno para que por vía reglamentaria la implemente y desarrolle, con lo cual se sustrae del control de la reserva legal la restricción de derechos fundamentales que rigen la actividad económica y comercial, y se crea aún más niveles de inseguridad jurídica e institucional.

 

 
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