EL GOLPE INVENTADO

 

Simón Garcia

Simón Garcia

Simón García 
@garciasim

 

A estos días podría aplicárseles un casi perfecto lugar común: Graves y difíciles. Graves por el costo humano y el peso de los acontecimientos posteriores a la finalización de la marcha. Difíciles porque el Gobierno inventó un golpe como fachada para cubrir una ofensiva represiva contra los estudiantes, dirigentes de la oposición y derechos democráticos. 

Igual que en materia económica, las decisiones del poder profundizan la crisis política en vez de resolverla. En dos días el ejecutivo nacional avanzó en el desmantelamiento del Estado de derecho: Vulneró la libertad de expresión y de información; suspendió el derecho a manifestar; realizó allanamientos y órdenes de persecución; amparó las bandas paramilitares y bloqueó los derechos políticos de una oposición que representa legítimos intereses públicos. 

06 marcha venezuela protestaLa versión oficial es acomodaticia y poco seria. En su cuento no aparece el papel de los colectivos paramilitares en el inicio de la violencia. Forja acusaciones sin pruebas contra Leopoldo López y María Corina Machado y exonera a los altos funcionarios que tratan públicamente a los paramilitares como organizaciones de la revolución e incluso les dan instrucciones. 

Una investigación imparcial debería comenzar por identificar al pistolero responsable, según la alocución presidencial, de dos de las tres muertes. Tendría que esclarecer quien arma, financia y dirige a las brigadas de choque oficialistas. Debería también admitir que el grupo que atacó a la Fiscalía es distinto y fundamentalmente ajeno a los estudiantes. 

En un sorprendente intento de agudeza, probablemente debido a inteligencia importada, el presidente Maduro colocó al margen al movimiento estudiantil y sugirió lo mismo respecto a algunos Alcaldes de la oposición, pero dentro del contexto, que tanto interesa al Gobierno, de desintegrar a la MUD. Por una parte, proyectó una idea de separación entre violentos y dialogantes. Por otra, intentó darle carácter de asunto de Estado a la criminalización de la protesta, es decir, prohibir la organización del desacuerdo con el gran generador de las crisis que están destruyendo el país.   

El tema se complica porque en la oposición efectivamente existen diferencias en materia de definiciones sobre la naturaleza del Gobierno y los objetivos, las formas de lucha o el discurso para enfrentarlo de un modo que contribuya a la formación estable de una mayoría social y luego electoral.

06 Disparo

Las interrogantes son muchas. Todos valoran la importancia de la calle, pero ¿con o sin retorno, concentrando o descentralizando las movilizaciones, con énfasis en lo social y fomentando la autonomía de esos movimientos y el respeto a su liderazgo natural o al contrario sobreponiéndole el liderazgo partidista a los conflictos?   

Estas interrogantes forman parte de un debate que debe realizarse, no solo en el ámbito de la MUD sino que debe ser puesto al alcance de los ciudadanos de manera que quienes constituyen la fuerza fundamental de los cambios puedan participar en esas decisiones.

El resultado de este debate orientará la recomposición del liderazgo de la oposición, asegurando, a partir de saludables visiones diferentes, un campo de acciones comunes. Si queremos triunfar estamos obligados a andar juntos al margen de las simpatías o desacuerdos con un líder o un partido.

Mejorar las luchas es tan importante como mantenerlas. Ello significa añadir a la presencia en la calle una agenda alternativa de paz y convivencia; superar la débil relación con los sectores populares; explorar nuevas formas para combinar el liderazgo social con el político; asumir con innovación el fortalecimiento organizativo, unitario y de cada partido, así como recomponer una ruta eficaz de resistencia social. 

Ahora hay que elevar la lucha. La mayoría castigada por el paquete económico no va a desaparecer con represión. Hay que abrirle cauces a su expresión, ampliar la unidad y mantener con firmeza el buen rumbo que haga posible la transición pacífica y constitucional de un Estado autoritario a uno democrático.

 

 

 
Simón GarcíaSimón García

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