LA IMPUNIDAD

Antonio Pasquali

Antonio Pasquali

Antonio Pasquali 
apasquali66@yahoo.com

 

95% de los asesinatos en el cerro, territorio electoral del régimen, y 92% de impunidad 

Hace tres o cuatro problemas mayores, estuvo brevemente de moda hablar de los 24.700 muertos asesinados en 2013 y de una impunidad que alcanza el pavoroso porcentaje del 92%. Fue con ocasión del asesinato de la actriz Mónica Spear, un caso que la policía resolvió en 72 horas. ¡Bravo!, pero las miles de madres del cerro clamando justicia en una morgue sobre el cadáver del hijo ¿no tuvieron acaso derecho a una misma eficiencia policial? No, porque en algún momento Chávez dio la orden de “no reprimir” a sus amados votantes. El sucesor Maduro aferró más bien la ocasión para culpar la “violencia en medios” de alimentar la matanza, asestando así otra patada a la libertad de comunicar que nos queda.

Hemos de poner en el tapete, una y otra vez, otra causa mil veces más concreta, potente y seductora: la impunidad masiva, el hecho de que el criminal se vuelva invisible ante la justicia y se convenza que no hay razones para no seguir matando. Ella configura un grave delito jurídico-político (por no aplicación de la ley y no asistencia a la sociedad amenazada) inductor de más delitos, enteramente imputable al administrador único de la Justicia, el Estado, el cual delinque genéricamente, por ideología, con su aberrante “administración nacional de la justicia” al que le obliga el art. 156 de la Constitución, y específicamente por la devastadora laxitud con la que impone sanción a los homicidas.

 

02 Collage Muerte impunidad-aObligación legal

 

“Sanción”, un concepto clave para comprender el alcance de la impunidad (del latín sancire, devolver sacralidad al orden social perturbado). Ella es el obligado desenlace de todo iter judicial que restablece el imperio de la norma. No hay ley sin sanciones (“nulla lex sine sanctione”, Winssinger, 1822), que finalmente son la fuente de la obligación legal. Quien se abstiene de aplicarla delinque por negar la validez de la norma: no sancionar al homicida es desobedecer al “no matarás” de los códigos. Por eso delinque un Estado que deliberadamente no aplica sanción al asesinato, desprotegiendo la colectividad y remplazándolo con inconsistentes sermoneos no-represivos y grotescas políticas de desarme. Establecida la “Imputabilidad” de una culpa, toda violación de la ley debe acarrear un castigo, una “Pena”, que es la vindicta impuesta “en nombre del pueblo” a quien generó sufrimiento a otros, a fin de restablecer el cosmos social por la prevención, la disuasión y la reeducación.

 

Justicia

 

Sanción, Imputabilidad, Pena: pautan el camino legal de la Justicia también en la lucha contra la violencia que mata. Este procedimiento jurídico, y ningún otro, destiló durante milenios el Derecho para reducir a límites manejables el delito, proteger el cuerpo social y restablecer la legalidad. Platón, una de las mentes que mejor escudriñó los meandros de la humana convivencia y erigió en virtud suprema una virtud social, la Justicia, lanzó una lucidísima mirada (en Rep. II, 369a), a ese desastre llamado “impunidad” en su mito de Guigues, un personaje dueño de un anillo que, al voltearlo, lo vuelve invisible, esto es, no-imputable, no-sancionable y no-punible, por lo que Guigues dedicará toda su vida a cometer los peores crímenes al amparo de su eterna impunidad.

 

En los barrios

 

El país ha visto matar en quince años el equivalente de una ciudad de 150 mil jóvenes, y el 92% de sus asesinos, digamos unos 100 mil, cargaba el anillo de Guigues. Al menos en la capital, las víctimas vivían en un 95% en barrios populares. ¡Curiosa coincidencia: 95% de los asesinatos en el cerro, territorio electoral del régimen, y 92% de impunidad! “Nosotros lo único que hacemos es recoger el cadáver… sin investigar por órdenes superiores” confesó hace poco un funcionario policial. Chávez nos dejó inventado un nuevo Derecho populista, irresponsable, anticonstitucional y multiplicador de asesinatos: firmar armisticios con los malandros, “tenderles una mano” (Maduro), practicar una política de no-represión con las 1.500 bandas armadas por un régimen que sólo en 2013 se dejó robar 5.563 armas, a veces matando al policía. Un régimen que no aplica las sanciones de Ley, ni sube cerro a rescatar del terror cotidiano a sus habitantes por temor a perder popularidad, y que en lugar de darse una política de “cero tolerancia” en homicidios, diluye y mimetiza el problema en nebulosos “Movimiento por la Paz y la Vida”, “Plan de Pacificación” de diez puntos, (ninguno de los cuales concierne sin ambages la lucha contra el asesinato) y “Diálogos de Paz por Venezuela”, todas cortinas de humo para encubrir las causas reales de múltiples y disímiles problemas.

 

La impunidad da terribles y perversos frutos opuestos a los deseados; las políticas de persuasión y desarme fracasan. Sólo un honesto y no-ideológico imperio de la Ley podrá detener en lo que cabe la insoportable matanza.

 

 

 

 

 
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