UNA MARCA QUE NO SE BORRA

05 Tortura

 

David González / Edgar López / Laura Helena Castillo

 

Internacionalmente, la tortura es uno de los delitos más graves. 

En Venezuela, las organizaciones de derechos humanos la consideran una práctica institucionalizada en cuerpos policiales y militares. La impunidad ha protegido  a los torturadores y el Estado está en mora con el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas. Expertos advierten que la complicidad y el encubrimiento son castigados penalmente

“El miércoles 5 de marzo, a las 8:00 de la mañana, salgo en autobús de mi casa en Los Teques para mi trabajo en el local mexicano de la feria de comida de La Cascada. Cuando llego veo que hay guardias nacionales en la pasarela de Carrizal y ya se escuchaban detonaciones.”

“Había una protesta un poco agresiva, de parte y parte, tanto de los manifestantes como de la guardia. Como a las 2:30 de la tarde nos dicen que nos vayamos porque la cosa se está poniendo intensa, pero ya las puertas para ir a la calle están cerradas y varios empleados nos quedamos atrapados en el estacionamiento. No han pasado ni 20 minutos cuando motorizados de la guardia con parrilleros pasan por la avenida disparando perdigones hacia La Cascada. Mucha gente sale corriendo y yo me lanzo al piso. Cuando me estoy levantando una moto entra al estacionamiento. Disparan contra los empleados y también contra mí, pero no me dan. Salgo corriendo y llegan otras dos. `Ahí, ahí, dispárale’, se decían los guardias entre ellos. El tercero logra darme en el brazo y en la nalga. Sigo corriendo. El dolor se puede soportar y me deja alejarme, pero me tropiezo y caigo. En el suelo levanto la mirada y veo que me rodean los guardias que se habían bajado de la moto. Me golpean en las costillas con los puños y cuando ya me tienen detenido me llevan ante otro de ellos que se pone a 50 centímetros de mí, o menos, y sin decir nada hace una detonación a quemarropa en mi ingle derecha.”

“Buscan una moto, me montan entre dos y me apuntan a la cabeza con un arma de fuego. No iba esposado. Intentan salir, pero el vigilante les dice que no puede abrir, y es cuando me sacan caminando. Me tienen rodeado entre ocho o nueve guardias; ya me costaba caminar. Ellos se reúnen afuera para ver qué van a hacer conmigo, pero no podía escucharlos. Alrededor tengo un grupo de motorizados que parecen de colectivos y que empiezan a gritar que me dejaran ahí para que me muera desangrado, que ellos me iban a matar a coñazos y a dar con las motos.”

“Los guardias deciden ponerme las esposas y transportarme en una camioneta doble cabina hasta el hospital Victorino Santaella. Ahí me roban el dinero en efectivo que llevaba, una cadena de plata y me quitan dos celulares que me devolvieron después. En el camino se van burlando de mí, diciendo con risitas que no iba a tener familia y que nunca iba a poder tener hijos porque pensaban que el disparo me había dado en mis partes íntimas. También me decían que si me moría desangrado me iban a dejar tirado porque no querían muertos dentro del carro.”

“Me bajan en el Victorino y no dejan que los camilleros de la emergencia vengan a buscarme, sino que me obligan a ir trotando hasta la camilla. Ya tenía el pantalón todo ensangrentado y el zapato enchumbado de sangre. Me dolía mucho y cada paso que daba dejaba una huella roja. Los guardias se rehúsan a quitarme las esposas porque pretendían que me medio suturaran para llevarme con ellos, pero los médicos y enfermeros exigen que me las quiten. Ya no sé decir qué más pasó porque me llevaron a quirófano”.

Moisés Guanchez, de 19 años de edad, habla por teléfono desde su casa. Está de reposo, toma tres tipos de antibiótico y tiene una vena de la pierna derecha severamente comprometida. Por la gravedad de su caso, la audiencia se hizo en el propio hospital: juez, fiscal y abogados se trasladaron a la habitación 826 del Victorino Santaella el viernes 7 de marzo. En el informe policial lo imputaban del robo de 2 motocicletas Empire ­una roja y una naranja­ y de llevar 19 bombas molotov, 2 miguelitos, 30 mechas de alambre de púa y una máscara de gas en su morral.

 

Ese mismo día retiraron todos los cargos y quedó con libertad plena.

 

“Mi decisión es llegar hasta el final y que guardias nacionales paguen. El delito calificaba como tortura, me explicó mi abogado”, dice el muchacho. “Hicimos la denuncia en la propia audiencia. Le pedimos a Moisés que diera su testimonio y a la juez que oficiara al Ministerio Público y así lo acordó. Aún no consta en el oficio que se haya informado a la Fiscalía, pero el fiscal estaba presente. Eso dura unos días porque se hizo a mano en un hospital, pero como estos son delitos de acción pública no requieren una denuncia por escrito en la Fiscalía. Con que sean conocidos por cualquier medio tienen la obligación de investigarlo de oficio”, señala el abogado del caso, Nizar el Fakih. 

A Guánchez no le pidieron confesión alguna, pero no por ello dejó de sentir que fue torturado. Lo asisten legalmente voluntarios del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y están convencidos de que eso fue exactamente lo que le hicieron al joven.

La Ley Especial para Prevenir Torturas y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en julio de 2013 por la Asamblea Nacional, no deja lugar a dudas: se puede calificar de torturadores a los funcionarios que perpetran actos brutales contra terceros para extraerles información, para forzarlos a responsabilizarse de delitos no cometidos, para castigarlos, intimidarlos, coaccionarlos o para lograr cualquier otro propósito como aterrorizar a un grupo específico.

El debate sobre las denuncias ­más de 40, según el Foro Penal­ llegó a un clímax el sábado pasado, cuando Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, dio una definición de tortura que solo abarcaba a quienes usaban la fuerza de manera inhumana para obtener confesiones. Más tarde, a través de su cuenta en Twitter, fue más enfática: “Para quienes creen todo lo que leen, ¡la tortura es el acto más abominable en el que puede incurrir un uniformado! Venezuela castiga a los torturadores con penas de 25 a 30 años. Es vital distinguir tortura de tratos crueles para imponer penas justas”.

Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace una consideración que no se puede perder de vista: “La tortura es un delito con jurisdicción universal. Las personas que están manejando el asunto en Venezuela lo deben ver con mucho cuidado, porque no adoptar las medidas para investigar, sancionar y evitar la repetición de los hechos puede comportar responsabilidad penal por complicidad o encubrimiento.  Cualquier Estado puede reclamar la jurisdicción para conocer de los hechos, así le pasó a Augusto Pinochet en el Reino Unido”. Al ex presidente chileno fue condenado por dos casos de tortura. 

*Texto editado, extraído de extenso reportaje publicado por el diario El Nacional en su sección Siete Días, 16/3/2014 

 

 

 

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