VÍCTIMAS DE LA BARBARIE

henrique-salas-gustavo-tarreTengo varios años escribiendo en ABC de la Semana, prestigioso semanario en el que con frecuencia coincido con Henrique Salas Römer. En numerosas ocasiones hemos intercambiado cordiales mensajes. Me ha invitado en calidad de independiente a la celebración de actos de su partido, y siempre ha habido entre nosotros amistad y consideración. Tengo pues una idea bastante completa de su manera de pensar en los dominios político e ideológico. Por eso estoy en capacidad de calibrar la demencial agresión de que está siendo víctima en este momento, junto con Gustavo Tarre, viejo amigo también, cuyo pensamiento es conocido por el país a través de múltiples escritos, y de su actividad profesional.

Las costuras de la absurda acusación están muy a la vista. El gobierno, ignoro por qué, ha dejado que Diosdado Cabello sea la cabeza visible de la operación. Siendo Cabello el presidente del Poder Legislativo se abre paso a codazos en el ámbito judicial exudando un morboso placer al subrayarle a todos que contra los críticos del resobado proceso no hay ley ni derecho que valgan. Asumiendo funciones del Poder Judicial anuncia -¿las dicta o se adelanta?- órdenes de captura contra venezolanos a quienes previamente ha condenado como autores de un nuevo magnicidio contra el presidente Maduro, sin proceso judicial ni por supuesto derecho a defenderse. ¿Dónde están las pruebas o cuando menos los indicios vehementes que sostengan semejante impostura? No las hay y Diosdado lo sabe. No hay manera de sustentar la envenenada acusación, pero eso de nada le sirve a los perseguidos porque igual serán apresados y entregados a una justicia infame que decidirá lo que le ordenen desde la cima del poder o retardará por años el proceso.

La trayectoria de Salas y Tarre habla por sí sola. No sólo es que nunca tuvieron problemas con la justicia, sino que han sido hombres apegados al derecho y con formación e inteligencia suficientes para comprender que en la historia de Venezuela los golpes de estado son contraproducentes y extremadamente riesgosos. Después del zarpazo de Gómez contra Castro en 1908, fallaron todas las intentonas golpistas que estallaron en el país (incluidos los cruentos madrugonazos del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992) salvo las del 18 de octubre de 1945 y 24 de noviembre de 1948. Marcos Pérez Jiménez fue, por cierto, el ejecutor operativo de ambas. Golpista exitoso. Dudoso mérito ese.

Fuera de esos casos no hubo aventura golpista que lograra vencer. Ni de derecha ni de izquierda, y mire que fueron abundantes.

Y en cuanto a magnicidios el balance es todavía más llamativo. Por una extraña razón en un país con tan largos años de dictadura, autocracia y violencia, casi no se registran asesinatos de jefes de estado, desde la fundación de la Republica en 1830 bajo la presidencia del general JA Páez.

Diosdado CabelloIncluso en EEUU, país que no ha cambiado de Constitución desde su primera y única carta aprobada en 1787 en la convención de Filadelfia, cristalizaron magnicidios resonantes contra figuras notables como Lincoln, John y Robert Kennedy, Martin Luther King. Pero en Venezuela, en rango presidencial, solo aparece el del presidente de la junta militar Carlos Delgado Chalbaud en 1951 y los frustrados contra Rómulo Betancourt en 1960 y Carlos Andrés Pérez en 1992. Fuera de esos tres casos, nada más hubo.

Pero con la victoria de Hugo Chávez Frías, todo cambió y no precisamente para bien. Los gobernantes amanecen cada día clamando y lloriqueando contra fantasmales magnicidios que se disuelven en el aire.

Hugo Chávez quiso perpetuarse en el poder conforme al ejemplo de Fidel en Cuba, y con ese objeto decidió tender un río de odio para dividir a los venezolanos mucho más allá de las diferencias naturales reinantes en sistemas democrático-pluralistas. Una espesa atmósfera ha descendido sobre el país. Pretende impedir el intercambio civilizado de argumentos y, peor aún, envilecer calculadamente la justicia.

En clima tan irracional, las acusaciones se apartan por completo del estado de derecho y el debido proceso. Cuando los jefes del poder acusan, el Ministerio Público y los tribunales se pliegan como conejos asustados, tal como ocurriera con el Tribunal del Santo Oficio (Inquisición) fundado en tiempos de las majestades católicas Fernando e Isabel. A la Inquisición le bastaba la acusación para condenar. La carga de la prueba recaía en el acusado. Frecuentemente la inocencia se demostraba con la muerte.

El gobierno ha acusado a mucha gente honrada de cometer crímenes contra el estado. No necesita más. Salas Romer y Tarre son culpables de magnicidio porque al presidente de la Asamblea Nacional le da la gana. Y si cuestionan la infamia, gritarán que los pre-sentenciados temen a la justicia.

El drama del poder es que el diabólico mecanismo tiende a devolverse contra sus seguidores, a quienes se les había despojado del humano derecho de elegir candidatos o de serlo ellos mismos. Todo cae del cielo, es digitado por la cumbre. Y esa es una condición inaceptable que une a contrapelo a los venezolanos de todas las corrientes. En el reciente malestar que hierve en el oficialismo, se entrevé la lucha por establecer un estado de derecho, con independencia de poderes y autonomía judicial.

La degradación de la justicia, el control dictatorial de los medios, la violación masiva de derechos humanos, el naufragio del modelo, la pandemia de la corrupción. Todo eso es, por mampuesto, el incentivo para construir una unidad democrática más amplia, una unidad sin exclusiones, con participación de ciudadanos de todas las corrientes del pensamiento y filiaciones políticas.

Es Venezuela la que se agrupa para defenderse.

 

 

 

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