EL SILENCIO REGIONAL ANTE LA SITUACION DE VENEZUELA

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A juzgar por la débil reacción de las instituciones regionales como la OEA y la UNASUR ante el arresto arbitrario del alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y otros líderes de la oposición en Venezuela, es difícil no llegar a la conclusión de que estas organizaciones se han convertido en sociedades de protección mutua para regímenes represivos. 

En lugar de exigir de la liberación inmediata de Ledezma, al igual que la del líder opositor Leopoldo López y otros prisioneros políticos a los que las Naciones Unidas consideran fueron objeto de “arrestos arbitrarios”, las principales organizaciones regionales y casi todos los presidentes latinoamericanos brillaron por su ausencia.

Hace algunas décadas, cuando un país latinoamericano violaba las libertades democráticas, como Venezuela lo está haciendo ahora, los principales líderes democráticos de la región solicitaban reuniones urgentes a la Organización de Estados Americanos (OEA), que le exigía al país infractor comportarse de acuerdo a las normas democráticas de la región.

Cuando el ex presidente peruano Alberto Fujimori cerró el Congreso de su país en 1992, toda la región respondió airadamente. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Perú, Argentina retiró a su embajador, y Chile y varios países más solicitaron oficialmente que se suspendiera a Perú de la OEA.

Y la OEA, después de varias reuniones urgentes, colectivamente protestó las acciones de Fujimori, y lo obligó a convocar elecciones anticipadas para elegir un nuevo Congreso meses más tarde.

Nada siquiera parecido a esto pasó la semana pasada cuando el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro arrestó a Ledezma, uno de los principales funcionarios electos del país y alto dirigente de la oposición.

Maduro, que hace pocas semanas celebraba oficialmente la intentona de golpe militar del fallecido presidente Hugo Chávez en 1992, acusa a Ledezma y a otros líderes de la oposición de “conspirar y organizar” acciones violentas contra su gobierno. Anteriormente, Maduro había encarcelado a López con cargos similares, sin aportar pruebas serias en ninguno de estos casos.

El viernes, el secretario general saliente de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su “alarma” por los hechos en Venezuela. Pero en la ausencia de algún país miembro que pidiera formalmente una reunión de cancilleres de la OEA, sus declaraciones cayeron en el vacío.

La Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR) anunció que enviará una delegación de cancilleres —los ministros de relaciones exteriores de Brasil, Ecuador y Colombia— a Venezuela en una fecha por determinarse, para observar la situación y luego convocar a una reunión regional. 

Pero la UNASUR es un foro conveniente para Maduro, porque ha sido la organización regional más amiga de su gobierno.

El año pasado, cuando las protestas estudiantiles en Venezuela dejaron al menos 43 muertos y la oposición pidió una mediación internacional para detener lo que calificó como una masacre por matones paramilitares, los gobiernos latinoamericanos convocaron una reunión urgente de UNASUR y enviaron como mediadores a los cancilleres de los mismos tres países.

Pero la misión de cancilleres de UNASUR terminó ayudando a Maduro a ganar tiempo y diluir las protestas. Los cancilleres de UNASUR no solo no lograron la liberación de todos los estudiantes presos, sino ni siquiera obtuvieron las más mínimas concesiones que pedían los estudiantes, como eran el nombramiento de autoridades electorales independientes para las elecciones legislativas de este año. 

Anteriormente, en 2013, UNASUR se había apresurado a bendecir la dudosa victoria electoral de Maduro, después de que un tribunal electoral pro-gubernamental lo había proclamado ganador por un mínimo margen, a pesar de acusaciones de fraude por parte de la oposición.

El presidente de UNASUR Ernesto Samper pidió el viernes un “diálogo” en Venezuela, y criticó las sanciones estadounidenses contra cinco docenas de funcionarios venezolanos sospechosos de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

La reacción de Samper fue “absolutamente lamentable”, dice el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. “No hay absolutamente ninguna conexión entre la cancelación legitima por parte de Estados Unidos de visas y cuentas bancarias de funcionarios venezolanos implicados en abusos a los derechos humanos y corrupción, y las detenciones arbitrarias en Venezuela”.

Vivanco añadió que “estamos viendo un deterioro diario de las libertades fundamentales en Venezuela. Lo único que queda para detener esta escalada de abusos es la comunidad regional”.

Mi opinión: Estoy de acuerdo. El problema es que no hay un líderes regionales. 

Es muy difícil entender porqué México y Brasil, que quieren ser vistos en el mundo como democracias modernas, se dejan intimidar por Venezuela y no exigen que las organizaciones regionales cumplan con su obligación de exigir el respeto a las instituciones democráticas en todos los países miembros.

Por eso, la OEA, la UNASUR y otras organizaciones regionales se parecen cada vez más a grupos protectores de los abusos gubernamentales, en lugar de serlo de los derechos democráticos.

@ELNUEVOHERALD

 

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