TRANSPARENCIA CERO EN NICARAGUA

Nicaraguan President Daniel Ortega (L) stands with Wang Jing, president of of the Chinese company HK Nicaragua Development Gran Canal Interoceanico,  during the framework agreement for the construction of the Interoceanic Grand Canal in Managua, on June 14, 2013. Nicaraguan lawmakers approved a controversial deal that would allow a Hong Kong company to build a $40 billion oceanic waterway to rival the Panama Canal, and then manage it for the next 50 years. Environmental activists fear the worst for Lake Nicaragua, which the planned waterway will pass through. AFP/Inti OCON        (Photo credit should read Inti Ocon/AFP/Getty Images)

 

El millonario desvío de los petrodólares venezolanos y la opacidad de la concesión del canal interoceánico minan la credibilidad del Gobierno de Daniel Ortega

La Nicaragua de Daniel Ortega debería ser analizada como un estudio de caso sobre el desmontaje del Estado de Derecho y sus efectos perniciosos traducidos en corrupción. Con su retorno al poder en 2007, se implantó un sistema de control y centralización de todos los poderes del estado, sepultando su autonomía institucional. A la par de los programas sociales Hambre Cero y Usura Cero, surgió el estratégico proyecto “transparencia cero”, que facilita la impunidad ante las denuncias de corrupción. Las consecuencias a largo plazo pueden ser devastadoras, como lo demuestran los casos de la ley del canal interoceánico y los petrodólares venezolanos.

Al amparo de Petrocaribe y el Alba, el presidente Hugo Chávez acordó con Ortega un generoso convenio estatal de colaboración petrolera que le permite al país pagar el 50% del petróleo a 90 días, y el otro 50% se convierte en un crédito concesional a 25 años de plazo. Venezuela decidió que el deudor del crédito fuera la entidad privada Alba Caruna, una cooperativa controlada en última instancia por el presidente Ortega.

En consecuencia, en los últimos ocho años se ha producido el desvío de más de 3.000 millones de euros, originados en la cooperación estatal venezolana, hacia canales privados. Una especie de privatización anómala sin ninguna clase de ley, control público o rendición de cuentas, sobre un fondo equivalente a un tercio de los ingresos fiscales, que se maneja como un presupuesto paralelo al margen de toda supervisión estatal. Un porcentaje de estos fondos se destinan al clientelismo social y partidario, con gran rentabilidad política, pero la mayor cantidad desemboca en negocios privados. De hecho en 2010, Nicaragua le informo al FMI que el 62% de estos fondos se destinarían a proyectos con fines de lucro y solo el 38% a subsidios o donaciones sociales.

Del matrimonio de las empresas estatales PDVSA de Venezuela y Petronic de Nicaragua, nació la compañía “privada” Albanisa, que se ha convertido en uno de los grandes capitales emergentes del país. Albanisa produce el 25% de la generación de energía, controla las operaciones de la empresa española (TMI) distribuidora de energía, y ya es la segunda empresa exportadora del país. En torno a Albanisa se ha tejido una amplia red de negocios privados controlados por la familia presidencial que incluye canales de televisión, redes de gasolineras, hoteles, proyectos agropecuarios y bancos, que no tienen nada que ver con el combate a la pobreza o la creación de infraestructura para el desarrollo.

En torno a Albanisa se ha tejido una amplia red de negocios privados controlados por la familia presidencial

En cualquier país donde funcione a medias el Estado de Derecho, una entidad de control estatal investigaría de oficio la apropiación privada de estos millonarios fondos estatales por parte de la familia presidencial. Pero en Nicaragua, el titular de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, se dio por ofendido cuando la prensa independiente le reclamó por su inacción: “No somos policía, ni FBI, vaya usted a preguntarle al presidente”, respondió airado el funcionario.

En el caso del canal interoceánico, la situación es todavía peor en materia de opacidad y falta de transparencia. Hace dos años, el parlamento otorgó al misterioso empresario chino Wang Jing una concesión canalera, sin pasar por ninguna licitación. La ley más importante de la historia de Nicaragua, fue aprobada por la bancada oficial en un trámite de siete días, con una consulta limitada de dos días y con tres horas de debate parlamentario.

Esta ley otorga derechos irrestrictos al concesionario, en detrimento del Estado y la soberanía nacional, creando una especie de enclave en el territorio nacional por más de cincuenta años prorrogables a cien. Nicaragua incluso renunció a la inmunidad soberana del Banco Central y sus reservas quedaron en riesgo ante cualquier proceso de arbitraje internacional. Y aunque la promesa de empleos e inversiones ciertamente ha generado expectativas entre la población y en la clase empresarial, la ley canalera ha generado tres preocupaciones fundamentales:

El derecho de propiedad. La ley permite al concesionario expropiar propiedades privadas, comunales y públicas, a través de un mecanismo expedito, ofreciendo como compensación un pago por el valor catastral de la tierra y no por su valor de mercado. Más de 23.000 familias, unas 120.000 personas, serían afectadas y desplazadas de forma forzosa en la ruta canalera, lo cual ha provocado ya una rebelión que suma 47 movilizaciones campesinas de protesta.

 

El impacto ambiental

El proyecto de 278 kilómetros de largo, cruza el lago de Nicaragua a lo largo de 105 kilómetros y requeriría de un dragado masivo para que éste tenga la profundidad requerida de 30 metros. La comunidad científica ha advertido que esto puede causar un daño irreversible a la mayor reserva hídrica de Nicaragua y Centroamérica. Hace dos semanas, la empresa Environmental Resources Management entregó al Gobierno el estudio de impacto ambiental del canal, pero hasta ahora se mantiene en secreto y no hay planes de someterlo a un escrutinio independiente.

 

Los subproyectos

La ley canalera contempla, además, la construcción de diez subproyectos que gozan de las mismas ventajas que el canal. El menú de negocios incluye dos puertos, aeropuertos, zonas de libre comercio, proyectos turísticos, oleoductos, ferrocarriles, y cualquier otro proyecto que pueda surgir en el futuro de acuerdo al interés del concesionario.

Tomando en cuenta la dudosa viabilidad del proyecto canalero –una obra de 50 mil millones de dólares que carece de financiamiento, y que tampoco tiene un plan de negocios que demuestre su viabilidad comercial– lo más probable es que el canal nunca se llegará a construir. Sin embargo, a través de la ley 840 Nicaragua está atada ad infinitum a una oscura red especulativa de negocios en torno a los subproyectos del canal que, por su magnitud, podría derivar en una operación de corrupción aún mayor que el desvío millonario de la cooperación venezolana. Todo dependerá, a final de cuentas, de lo que estén dispuestos a tolerar los nicaragüenses.

Carlos F. Chamorro es periodista. Es director de Esta Semana y Confidencial, de Nicaragua.

 

 

 
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