Papel mojado

 

En abril de 1997, en pleno régimen del tándem Fujimori-Montesinos, en el marco de un operativo militar denominado Chavín de Huántar, se produjo el rescate de los rehenes del grupo terrorista Túpac Amaru, retenidos en la residencia del embajador de Japón en Perú. Minutos después de concluida la operación de rescate, ingresaron a esa sede funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú, con los rostros cubiertos por pasamontañas. Uno de los terroristas, Eduardo Cruz, abandonó la embajada junto con el resto de los rehenes, fingiendo ser uno de ellos; pero, según la evidencia disponible, al ser identificado como uno de los miembros del MRTA, se rindió, fue nuevamente introducido a la residencia del embajador y allí fue ajusticiado con un disparo en la nuca. Estos hechos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, luego de su tramitación ante ella, el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual acaba de dar a conocer su sentencia.

Sin solidarizarnos con los terroristas, es fácil entender el sentimiento de repudio que genera una ejecución extrajudicial por parte de quienes actúan en nombre de la sociedad organizada y respecto de quienes se espera una conducta ajustada a derecho. Por consiguiente, era previsible asumir que estos hechos condujeran a una condena en contra de Perú, no para reivindicar los actos de los terroristas sino para rechazar que el Estado se aleje de su compromiso de respetar los derechos humanos. No hay excusa para apartarse de la legalidad internacional. Nada justifica que el Estado caiga en la barbarie, haciendo suyos los mismos valores de los delincuentes y terroristas.

Del mismo modo como antes Hugo Chávez y su pupilo Nicolás Maduro desconocieron la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de víctimas de la represión más despiadada, ahora es el presidente de Perú, Ollanta Humala, quien, incluso antes de que se conociera la sentencia en el caso Chavín de Huántar, anunció que no acataría un fallo favorable a los reclamantes. Entre gente sin principios, los malos ejemplos son contagiosos. Ese extraño juego, en el que solo se aceptan las decisiones de una instancia judicial internacional en los casos en que nos sean favorables, no es desconocido para los venezolanos; pero es ajeno a la democracia y al Estado de Derecho.

A diferencia de Chávez, el gobierno de Humala ha señalado que no abandonará el sistema interamericano de derechos humanos. Pero, si no se van a respetar sus reglas ni se van a acatar sus decisiones, cuesta entender cuál es el propósito de permanecer en un sistema diseñado para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Desde la cúpula del poder, en una mezcla de insolencia e ignorancia, una vez más se hace escarnio de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

Cuando quienes gobiernan no tienen sentido de la decencia y del honor, cabe plantearse cuál es el valor de la palabra empeñada en nombre del Estado, particularmente cuando ello supone el reconocimiento de derechos de sus propios ciudadanos. Durante el proceso de Nuremberg, en conversaciones con el psiquiatra nombrado por el comandante de la prisión para atender a los procesados y evitar nuevos suicidios, Hermann Goering objetaba que se invocaran en su contra los tratados internacionales que condenaban su conducta pues, en su opinión, estos solo eran papel mojado.

A esa impresión se ha ajustado la conducta de quienes, sistemáticamente, han desconocido el valor de los compromisos internacionales. Pero es importante aclarar que esta actitud, propia de tiranos y de autócratas, en el caso de Humala, como antes en el de Chávez, revela el desprecio por el derecho en su conjunto, incluyendo la Constitución de su propio país y la legalidad interna.

Tomado de @EL-NACIONAL.COM

 
Héctor Faúndez LedesmaHéctor Faúndez Ledesma
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