Los costos del proceso de paz

 

Miles de familias de las más pobres de Colombia sufrieron en pellejo propio las tropelías de la guerrilla de las FARC quienes perpetraron un nuevo delito contra una tubería petrolera en el Putumayo el mes pasado. 9.000 barriles de petróleo del oleoducto trasandino fueron a parar al Océano Pacifico después de haber infectado a su paso docenas de poblaciones ribereñas de los ríos Caunapí y Rosario. Además, los choferes de 24 gandolas cargadas de crudo fueron obligados a descargar el viscoso combustible sobre la vía que conduce al Puerto de Asís-Teteyé, una zona protegida por su riqueza natural. De allí al río y luego al mar fue solo un paso.

Los actores de tal desaguisado – de los que este año ya han ocurrido 40- son los mismos siniestros personajes con los que el gobierno se sienta en la Habana a hablar de paz para los colombianos. Esta es la misma fuerza de ataque criminal que se presenta ante el mundo revestida de aparentes buenas intenciones y que dice estar batallando con sus postulados políticos para obtener condiciones de vida mejores para sus compatriotas.

Cuesta, como observador, ver a sus representantes armados de costosos puros y tomando el mejor ron de la isla caribeña mientras les mienten a los interlocutores del gobierno y a representantes veedores del proceso provenientes de otras naciones e instituciones mundiales sobre sus verdaderas intenciones.

Se trata de los mismos negociadores que recién acaban de proponer un nuevo cese al fuego que tendrá la misma suerte que el anterior, nuevos colombianos sacrificados con sus vidas, nuevos daños para el ecosistema del país vecino y para el mundo en su conjunto.

Mientras el tiempo avanza y los resultados de los encuentros siguen siendo escuálidos, los oficialistas, desesperados, se deben sentir naturalmente compelidos a aceptar más y más condiciones de parte de su tenebrosa contraparte y a dejar pasar por alto los desafueros guerrilleros que lo que revelan es una inexistente voluntad de modificar su conducta criminal y de ahorrarle al país los sobresaltos y daños a los que los han sometidos por más de medio siglo.

Sin embargo, algo novedoso hay en el panorama y es que este nuevo cese fuego va a tener lugar al tiempo que la cúpula militar del gobierno de Juan Manuel Santos ha sido renovada para dar paso a sangre nueva que se ocupe, con fresco ahínco, en batallar con los antisociales. El perfil de los nuevos hombres es el de muy aguerridos combatientes. Ello hace pensar que la respuesta del gobierno a los alzados en armas puede tener un tono diferente esta vez, en el sentido de no pasar por alto los actos de violencia que han acompañado los diálogos.

Solo una sombra oscurece el panorama y es que la Fiscalía, en un inusitado gesto, ha instado al gobierno a también decretar el silencio de las armas. Y buscar “todas las condiciones para acordar un cese bilateral al fuego con las FARC, ya que el modelo de negociación del proceso de paz en medio del conflicto y en medio de la guerra se vuelve cada día más insostenible”. Paradójicamente, en el mismo momento en que la Casa de Nariño instala sus mejores hombres en los altos rangos de la fuerza pública Eduardo Montealegre, el fiscal, dice ante el Senado que “El cese al fuego es un paso que sin miedo tienen que dar el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública”.

Todas las esperanzas están puestas, de parte de la agotada ciudadanía colombiana, y del mundo expectante, en que este nuevo movimiento militar termine por poner orden en el tablero. Permita Dios que no sea el presente un momento de flaquezas en el lado oficial como lo propugna el Fiscal.

Lo que está en juego en el país vecino, además de la tranquilidad y permanente seguridad ciudadana, es la confianza de los colombianos en sus instituciones. Entregar al país el terrorismo, como pretende Ministerio Público, sería una equivocación superlativa.

 

 
Etiquetas , , ,

Artículos relacionados

Top