El ABC de José Gregorio Guarenas / Coordinador General de la Vicaría de Derechos Humanos
“LA INPUNIDAD EN VENEZUELA ALCANZA UN 80%, SEGÚN EL MINISTERIO PUBLICO”

José Gregorio Guarenas

“Los presos en el SEBIN, en lo que llaman “la tumba” ”


El mecanismo de la designación de jueces es inconstitucional. El país fue evaluado por el Comité de los DDHH de las ONU el 28 y 30 de junio pasado con resultados insatisfactorios. Se considera cada vez más grave la falta de independencia de los poderes público, especialmente del poder judicial, señala el abogado.

Macky Arenas

José Gregorio Guarenas es abogado egresado de la UCV, activista por los derechos humanos con cursos de especialización en el exterior sobre el tema. Figura entre los fundadores de la Vicaría de Derechos Humanos, creada en el ano 1989. Comenzó como voluntario cuando la Vicaría la conducía Mons. Ubaldo Santana. A partir de allí se ha encargado de acompañar a víctimas de violación de Derechos Humanos. Escaló varias posiciones en el organismo como abogado y Coordinador del Área Jurídica, siendo hoy su Coordinador General. Viene ejerciendo como tal desde los dos períodos del Cardenal Velazco y ahora permanece en ese trabajo con el Cardenal Urosa.

Llevas un largo recorrido, ¿no?

Vengo del movimiento juvenil de la parroquia universitaria aunque mi inquietud por el tema aparece desde que era un colegial. Soy, lo que se llama en el ámbito católico, un laico comprometido, en este caso con la defensa de los derechos humanos.

¿Qué es la Vicaría de los Derechos Humanos?

Forma parte de una coalición de organizaciones que velan por los DDHH en Venezuela. Esa coalición se llama Foro por la Vida. Somos uno de los tres grupos que lleva la vocería por lo cual nos corresponde acompañar procesos a nivel nacional. Lo último que hicimos de manera conjunta y que tiene gran relevancia para el país fue la presentación del informe alternativo ante el Comité de DDHH de Naciones Unidas.

¿Qué ocurrió allí?

Venezuela fue evaluada por ese Comité el 29 y 30 de junio pasado. Nosotros presentamos nuestro informe alternativo, es decir, como organizaciones no gubernamentales, el cual recoge el trabajo que hacemos.

Es decir, que estuvieron presentes allí…

Correcto, concretamente el día 29 cuando se permitió la participación de la sociedad civil venezolana conjuntamente con otras organizaciones. Tuvimos una intervención que no podía exceder los dos minutos -pues es lo que pauta el reglamento- pero fueron suficientes para exponer lo que queríamos. No obstante, pudimos previamente consignar el informe. Como algo muy positivo destaco que la mayoría de los miembros del Comité, que formularon preguntas al Estado, se basaron en el informe que nosotros presentamos.

¿Cuál era el contenido del informe, a grandes rasgos?

Consta de unos nueve puntos. El primero está relacionado con el tema de la impunidad en Venezuela que, como bien sabemos, es algo muy grave en este país. Las cifras son oficiales, presentadas por el propio Ministerio Público. Tanto en casos de violación de DDHH como de delitos comunes, la gente está convencida de que, por más que denuncie, no pasará absolutamente nada. Estamos hablando de un 80% de impunidad en cifras, repito, aportadas por el propio Ministerio Público. Luego, otro gran tema es el Poder Judicial. Todos sabemos que en Venezuela hay una grave situación con la independencia de los poderes públicos, entre ellos el poder Judicial.

¿Cuál es el argumento que ustedes exponen al sostener que en Venezuela no hay independencia de poderes?

Comenzamos señalando el propio mecanismo de la designación de los jueces pues el procedimiento es inconstitucional. Luego, por supuesto, el número importantísimo de jueces provisorios con los que funciona el sistema judicial, los cuales también se designan y destituyen a discreción. Caso emblemático es el de la jueza Afiuni, quien fue destituida por un mecanismo totalmente inconstitucional y ello ocurre con la gran mayoría de los jueces provisorios.

“El caso Afiuni, ocurre en la mayoría de los jueces provisorios”.

“El caso Afiuni, ocurre en la mayoría de los jueces provisorios”.

LA TORTURA

Parece que el caso particular de la jueza Afiuni causó gran impacto en la ONU…

Claro, porque el Comité tenía mucho interés y una gran preocupación ya que les resulta difícil entender que una juez pueda ser destituida por una frase o un mandato procedente del Poder Ejecutivo.

¿Presentaron casos específicos, aparte del mencionado?

Si, el informe contiene un punto muy importante que guarda especial relación con las detenciones arbitrarias, especialmente ocurridas en el marco de las protestas pacíficas en Venezuela. Fue uno de los aspectos más abordados y emblemáticos que brindó al Comité la oportunidad de evaluar y mostrar sus interrogantes y preocupaciones al gobierno venezolano. Una de las cosas que planteamos en ese informe tiene que ver con los mecanismos de tortura que conocimos a través de las denuncias de los propios estudiantes que las sufrieron por haber resultado detenidos en aquellas protestas y marchas estudiantiles pacíficas. También ofrecimos acerca de quienes aún permanecen privados de libertad, que se encuentran en el Sebin, en lo que llaman “La Tumba”.

Sin duda una de las cosas más aberrantes que hemos presenciado ha sido el amedrentamiento a abogados privados y factores de defensa de los DDHH…

Igualmente tuvimos la oportunidad de presentar casos emblemáticos, como los de abogados que han sido detenidos de manera arbitraria en el ejercicio de su función profesional. Para muestra, el abogado de la jueza Afiuni quien fue detenido en plena audiencia porque estuvo en desacuerdo con una situación que se presentaba en el tribunal. Pero no cabe duda que el caso más emblemático ha sido el del Dr. José Tadeo Arrieche, el abogado de Día a Día, detenido en el ejercicio de un poder, vale decir que él no era ni siquiera el representante legal de la empresa sino un apoderado. Y fue actuando como apoderado judicial cuando fue sometido a esa detención arbitraria. De manera que, enfatizamos, cada uno de los casos en los cuales nos centramos estaban relacionados con detenciones en manifestaciones pacíficas.

LAS MENTIRAS

¿Qué impresión hizo el informe que presentó el gobierno?

Acusaba muchas carencias, al punto de que sentimos que el Comité quedó inconforme con las respuestas que dio el Estado, tanto en el informe previo como con la información que aportaron en el momento. Lo digo porque hay mucho dato que se presentó que no coincide con la realidad. Por ejemplo, situaciones que nosotros planteamos al Comité y sobre las cuales hubo mucho interés tenían que ver con la labor que realizamos los defensores y defensoras de derechos humanos. El gobierno manifestó allí que no existía en Fiscalía ninguna denuncia relacionada con defensores de derechos humanos ni con periodistas de la fuente. El Comité puntualizó que no era necesaria la existencia de una denuncia, que es suficiente que existan medidas provisionales y cautelares esgrimidas por órganos internacionales en relación con ello. En otras palabras, que el Estado sí tiene información sobre nuestros casos.

Algo de eso pasó con la jueza Afiuni, ¿no?

Ella mismo lo manifestó. Nosotros utilizamos el término de jueza para referirnos a ella en razón de que era titular y sigue siendo jueza pues no tiene procedimiento de destitución. Ella manifestó, con sus propias palabras, que la información que presentó la Fiscal General era totalmente falsa. Por cierto, que la Fiscal era la jefa de la delegación del Estado en la ONU.   Hay que decirlo,   nos llamó mucho la atención que la representante de un órgano independiente represente también al Estado en el Comité.

Como ustedes en la Vicaría tienen jurisdicción sobre toda Caracas, al presentarse los hechos de la Cota 905, circularon a través de redes sociales informaciones que aseguraban que varios de quienes trabajan en zonas populares, vinculados a la Iglesia Católica en el tema de derechos humanos, estarían recibiendo amenazas contra su vida. ¿Tienes algo que decir al respecto?

Estamos recopilando información con gente que vive en la zona. Nos han suministrado datos de cómo han ocurrido los hechos y dado que nuestra gran fortaleza es la credibilidad tenemos que estar muy seguros para tomar decisiones. Pero es importante señalar sobre esos operativos, que los organismos de derechos humanos y la Vicaría en cuanto nos compete, reconocemos que el Estado tiene la misión de garantizar la seguridad y tomar las acciones que considere necesarias para combatir el delito. Sin embargo, creemos importante que todo esto tiene que estar adaptado y adecuado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Y que la colectividad conozca lo que se hace porque todo queda en la opacidad, dependiendo de versiones a las que uno no sabe si creer o no…

La información tiene que ser pública. Nos preocupa, por ejemplo, que inmediatamente la Fiscalía del Ministerio Público haya señalado que los cuerpos policiales actuaron apegados a la Constitución. Pienso que hay que esperar para poder afirmar algo de esa naturaleza.

Tenemos entendido que son varios los programas para atacar la inseguridad que el gobierno ha presentado hasta ahora. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen?

Estos planes están condenados al fracaso en la medida en que no respondan a un consenso de la sociedad venezolana, de todos los factores que concurren en la búsqueda del bien común en este país. Trasladar la responsabilidad de la seguridad a las comunidades es un error y es justo lo que está ocurriendo con estas llamadas zonas de paz, que han entregado a grupos determinados la tarea de garantes de la seguridad y la paz.

Bueno, a eso responde la primera declaración del Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Diego Padrón, cuando expresó su impresión de que las zonas de paz son en realidad reductos delictivos…

Es que se traslada a esos espacios la figura de la cárcel, cuando se entrega la seguridad, la custodia y el poder administrativo a personas que están detenidas, lo cual es un grave error. Eso es básicamente lo que se ha visto en las zonas de paz.

¿Tiene la Vicaría algún proyecto o propuesta que hayan intentado presentar al gobierno sobre todo este tema de la seguridad y los derechos humanos?

Tenemos alguna dificultad para ello. Desde el año 1999, en el marco de la elaboración de la Constitución, nosotros no hemos podido tener un diálogo franco con las autoridades, ni del gobierno ni con las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, llámese fiscalía o defensoría. Hemos visto que el gobierno acaba de presentar el plan nacional de derechos humanos, apenas hace unos días. Lamentamos que alrededor de ese plan no se haya organizado una consulta a las organizaciones de derechos humanos. Veremos de qué se trata, no lo hemos revisado aún en detalle. Ahora, todos los informes que presentamos anualmente están vinculados al tema propositivo, con recomendaciones que hemos hecho llegar a las autoridades, pero persiste un problema, la ausencia de diálogo.-

 
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