EL COSTO DEL FRACASO

 

Operativo Liberacion del PuebloLos graves hechos ocurridos en poblaciones del estado Aragua, en los Valles del Tuy y muy especialmente en la Cota 905 en Caracas, seguidos de los llamados Operativos de Liberación del Pueblo, OLP, instrumentados por las autoridades, muchos realizados en edificios de la Misión Vivienda, con un costoso balance de muertos, muchos detenidos, pocos resultados y abundantes violaciones a los derechos humanos, evidencian el estrepitoso fracaso del gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia de seguridad ciudadana.

Ya en el alto gobierno nadie habla de desarme, de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, de cuadrantes, de patrullaje inteligente o de la última reforma policial de Bernal. Quizás la peor medida intentada por el Ejecutivo Nacional fue las llamadas Zonas de Paz que adelantó el viceministro Rangel Avalos, con un cargo creado expresamente para esa tarea. No se sabe si ingenuamente o como pieza de un plan maquiavélico, realizó reuniones con bandas de delincuentes. Según sus propias declaraciones, con 280 bandas. El hecho que se negocie y se busque llegar a acuerdos no es malo, al contrario. Pero para negociar hay que tener propuestas viables en la mano, consultadas y elaboradas con seriedad, transparentes y factibles; y además, como principio fundamental, si se representa al Estado, no se puede caer en demostrar debilidad y menoscabo de su función y aceptar reunirse y hasta fotografiarse con hombres armados y con los rostros cubiertos.

Se iniciaron negociaciones con mal pie, permitiendo de paso que se vejara la majestad del Estado. Esa política ingenua, nunca consultada con las comunidades, mal estructurada y peor ejecutada, conllevó a que en zonas del país se retiraran oficiosamente los cuerpos policiales y de seguridad, dejándolas en manos de delincuentes. Esto propició el surgimiento, consolidación y expansión de las llamadas “Megabandas” que han usurpado territorios abandonados por el Estado, reproduciendo en esas zonas que ahora controlan los esquemas del “pranato” carcelario, imponiendo impuestos, vacunas y su propia ley a las comunidades.

Por otra parte, si bien la Gran Misión Vivienda intentó suplir el gran déficit de viviendas que existe, acumulado y potenciado en los últimos años, sus cuestionables resultados se hicieron sin planificación urbana, sin respetar normas de construcción vigentes, beneficiando a empresas extranjeras en detrimento de la mano de obra y experiencia nacional, pero sobre todo, fueron adjudicadas sin ningún tipo de estudio social, sin medir el impacto espacial o humano, muchas veces otorgadas como “premios” a personas leales al oficialismo, pero con antecedentes penales y conductas que poco tenían que aportar a una comunidad. Bastaron pocos meses para que algunos delincuentes se aprovecharan de tanta debilidad y torpeza para instalar su poder en los nuevos edificios e incluso, creando un nuevo fenómeno de “desplazados por la violencia” ya que en unos cuantos apartamentos los dueños o residentes legítimos fueron amenazados y presionados para dejar sus residencias en manos de más delincuentes.

Como si acabaran de llegar al Ejecutivo cuando llevan dieciséis años gobernando, sin evaluar lo hecho antes o intentar corregir errores, se salta de una laxa tolerancia hacia la delincuencia, hacia los esquemas más represivos posibles. Estos primeros OLP realizados recuerdan y se parecen demasiado, pero con más muertos y más violaciones a los derechos humanos, a aquellas grandes “redadas” que realizaban los cuerpos de seguridad de la Cuarta República y que fueron cuestionadas y abandonadas en aquellas épocas por su pobres resultados.

El propio término de Operativo de Liberación del Pueblo, iniciales de la Organización para la Liberación de Palestina, grupo terrorista de los años 70 y 80, tiene una curiosa connotación y engloba una gran contradicción. La palabra “Liberación” implica que hay que poner en libertad a algo o alguien, en esto caso al “Pueblo”. ¿Pero “liberarlo” de qué? ¿Liberarlos de quiénes? De la delincuencia, por supuesto… Pero, ¿quién toleró, permitió y hasta auspició que esas zonas fueran “ocupadas” por los delincuentes? Pues el mismo gobierno que ahora dice que hay que desalojarlos…

Se pasa de la extrema tolerancia a la extrema represión, nuevamente sin estudiar, investigar, probar la eficiencia o inutilidad de las medidas, actuando de nuevo de espaldas a la gente, actuando unilateralmente, sin consulta ni consenso, como si tanto error cometido otorgara una patente infinita para seguirlos cometiendo; pero, sobre todo, sin consideración hacia las víctimas, sin cuantificar el daño personal, familiar y social causado a los habitantes de esas llamadas “Zonas de Paz”, cuya cotidianidad ha pasado a ser controlada por el hampa y la delincuencia organizada.

La improvisación, la inconsistencia, el irrespeto a las comunidades, y a la inteligencia, la absoluta falta de solidaridad y consideración hacia la gente y hacia las víctimas de la violencia parecen marcar lo poco que hace el Ejecutivo en materia de seguridad. El fracaso es total. Pero lo más dramático de éste fiasco es que el costo en sangre, dolor, lágrimas, traumas, bienes y oportunidades perdidas lo pagamos todos los venezolanos y revertir éste caos será una tarea ardua y complicada, más no imposible.

 

 
Marcos TarreMarcos Tarre

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