GUARDAESPALDAS CONTRA EL CRIMEN

En América Latina se privatiza la lucha contra la inseguridad

En la capital de Guatemala los guardias de seguridad son ubicuos. Se ven en las entradas de tiendas, restaurantes y cafés. Algunos colegios donde estudian los niños y adolescentes de clase alta parecen un hervidero de guardaespaldas a la hora de salida. Hombres vestidos de negro siguen a las familias pudientes en los centros comerciales.

Guatemala no es una excepción. En varios países de América Latina, donde impera la violencia y el crimen, sistemas públicos de justicia están siendo reemplazados por sistemas privados de seguridad. Elites frustradas por las fallas o la ausencia del Estado recurren al mercado para comprar protección. Lo curioso es que los gobiernos de la región tienen mala fama por su excesivo intervencionismo. Pero el crimen demuestra que la realidad es más compleja. Donde hace más falta, el Estado a veces no funciona o no existe, y donde no hace falta, el Estado a veces sobra o estorba.

Secret Service agents await the arrival of U.S. Presidential candidate Obama in Durham

Las cifras hablan por sí solas. América Latina padece una epidemia de crimen. En la región se cometen 30% de los homicidios con apenas el 9% de la población mundial. Brasil, México, Venezuela y Colombia suman casi un cuarto de los asesinatos del planeta. La tasa de homicidios disminuyó dramáticamente en casi todas las regiones del mundo entre 2000 y 2010. En Latinoamérica aumentó un 12%.

La consecuencia de este fracaso ha sido un boom en la seguridad privada. Según cálculos de Naciones Unidas, el número total de guardias privados en la región supera por más de un millón el número de funcionarios policiales. En Guatemala hay más de 120.000 guardias y apenas 20.000 policías. En Venezuela, uno de los países más violentos del mundo, el gobierno critica a cada rato a los políticos “neoliberales” que proponen transferir al sector privado labores del Estado. Pero la incapacidad del chavismo para reducir el crimen ha resultado en una parcial “privatización” de la lucha contra la inseguridad.

Los más afectados por esta situación son los pobres. Si en un país hay que comprar la seguridad personal a través de escoltas, sistemas de cámaras, alarmas, rejas y automóviles blindados, los que carecen de recursos no tienen cómo protegerse. Los pobres además suelen vivir en los lugares más peligrosos, donde se necesita con más urgencia protección contra el hampa.

En la región se cometen 30% de los homicidios con apenas el 9% de la población mundial

Pero que los pobres estén peor no significa que el resto esté bien. Los ricos están menos expuestos al crimen pero igualmente corren graves riesgos. Derrotar la inseguridad sería mejor para ellos que rodearse de escoltas para tratar de aislarse de ella. Y para bajar el crimen no se necesita más seguridad privada, sino más jueces y fiscales independientes, mejores políticas penitenciarias y de control de armas, más programas sociales de prevención y rehabilitación, y cuerpos policiales mejor entrenados y bien equipados, con mayor alcance y menos vulnerables a la penetración de las mafias. Para estas labores, por supuesto, no se puede prescindir del Estado.

Este debate no es ideológico. La crisis de inseguridad resalta la importancia de distinguir entre el alcance del Estado y su fuerza. El alcance se refiere al abanico de funciones que el Estado puede cumplir, y la fuerza se refiere a la efectividad con que cumple sus funciones. Un Estado puede tener un gran alcance y al mismo tiempo ser muy débil porque no es capaz de cumplir con labores tan básicas como hacer cumplir la ley. En América Latina los estados suelen combinar una extrema debilidad con un excesivo alcance.

El crimen es actualmente la principal preocupación de la mayoría de los latinoamericanos, lo cual explica en parte porque la policía, el poder judicial, los partidos y el gobierno son tan mal vistos. Encuestas de Latinobarómetro muestran que la confianza de la población en el Estado ha bajado al 34%, ocho puntos menos que hace dos años. La confianza interpersonal también se ha deteriorado y en comparación a otras regiones es alarmantemente baja.

En los últimos años la región ha pasado de un período de bonanza a uno de escaso o nulo crecimiento económico con creciente desempleo, recortes al gasto público y merma en los ingresos. Es verdad que la reciente caída en la confianza está relacionada a este deterioro de la economía. Pero también es cierto que la desconfianza en las instituciones públicas siempre ha sido alta. En tiempos de bonanza este recelo pasa a un segundo plano. En tiempos de bajo crecimiento y alta criminalidad la desconfianza puede convertirse en una fuente de tensión e inestabilidad política. Y para distender estas tensiones hará falta algo más que guardaespaldas.

 

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