El ABC deJuan Miguel Matheus / Profesor Universitario y Diputado
“Maduro está obligado por la Constitución a dar explicaciones sobre la grave crisis que estamos sufriendo.”

Estamos al borde del abismo y el Presidente nos pide que demos un paso adelante. Con el Decreto de Emergencia se pretendía restringir los derechos económicos. Al TSJ le corresponde el control de constitucionalidad, sostienen el académico y parlamentario.

Macky Arenas

Su currículo dice que se graduó de Abogado magna cum laude por la Universidad Monteávila en el 2004. Tiene Máster en Estudios Jurídicos y Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra en 2008 y 2009, respectivamente. Visiting Scholar de la Escuela de Derecho y del Departamento de Ciencias Políticas de George Washington University en Washington DC (2009-2010 y 2010-2011 respectivamente). Doctor en Derecho Constitucional y Parlamentario por la Universidad de Navarra en el 2011, entre otros logros en su carrera académica. Juan Miguel Matheus, también es diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, recientemente dictó la conferencia “Desafíos de la Asamblea Nacional” durante el seminario de formación política “Juventud y Destino de la Nación”,  que tuvo lugar en Caracas. Dirigiéndose a más de 400 jóvenes que militan en las fuerzas de la unidad democrática, Matheus señaló los grandes retos que el Parlamento debe enfrentar.  Estas son sus reflexiones para los lectores de ABC de la Semana.

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“La Asamblea Nacional no puede renunciar a su función legislativa.”

  _ ¿Cuáles son esos retos que afronta el Parlamento? 

_ Tres básicamente: reconstruir  las instituciones democráticas del país, alcanzar la justicia social en libertad y reconciliar al pueblo de Venezuela.

_  El Presidente se comporta como si nada lo obligara a presentar cuentas que vayan de lleno a los problemas reales, a pesar del caos económico en que se encuentra sumido el país… 

_  La Constitución lo obliga y el pueblo le reclama explicaciones sobre la grave crisis que estamos sufriendo. De acuerdo al artículo 237 de la Constitución Nacional,  el jefe del estado “dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”.

_ El presidente Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación de un Decreto de Emergencia Económica. Es un asunto muy sensible para la crisis que vive el país. ¿Es esto necesario? 

_  Nuestra Constitución (Art. 338) y la Ley Orgánica de Estados de Excepción (Art. 10) establecen el reconocimiento de una Emergencia Económica cuando “circunstancias extraordinarias afecten gravemente la vida económica de la nación”. Y ese debe ser, precisamente, el punto de partida del debate: analizar las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la vida económica de la nación para develar quiénes son sus responsables. 

_  El país exige saber qué pasó, pero el gobierno puede alegar  deseos de revancha…

Se trata más bien del necesario diagnóstico como requisito indispensable para encontrar soluciones reales a la crisis económica. Abrir la discusión desde esa perspectiva es también honrar y respetar el drama de los millones de familias venezolanas que sufren las consecuencias del Socialismo del Siglo XXI.

_  Pero es igualmente importante evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo, pues hay disposiciones constitucionales sobre la manera como debe ser implementado un decreto como ese… 

_ El  artículo 11 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, establece que “el decreto dispondrá las medidas oportunas, destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis e impedir la extensión de sus efectos”. Pero debemos preguntarnos si restringir el cerco de la actividad económica, ampliar la arbitrariedad presupuestaria y más control en la distribución de bienes son medidas acertadas para superar la crisis.

RECTIFICACIÓN

_ Existe la impresión de que lo que se busca es profundizar en el camino errado… 

_ Lo que Nicolás Maduro nos propone profundizar el camino del Socialismo del S.XXI. Estamos al borde del abismo y el Presidente nos pide que demos un paso adelante. Por eso, la Asamblea Nacional, con sentido de responsabilidad y consciente del hambre que azota a nuestro pueblo, tendrá que exigirle al Gobierno Nacional que rectifique y abandone la única guerra económica que hay en Venezuela: el Socialismo del Siglo XXI.

_  Ante ese panorama, ¿qué puede hacer  la Asamblea Nacional, como poder autónomo e independiente que se debe al pueblo de Venezuela?

  _  El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción  es fundamental. El mismo establece que la Asamblea Nacional “podrá modificar los términos del decreto, atendiendo las circunstancias del caso. No podrá, sin embargo, establecer un régimen que implique mayores restricciones a las instituidas por el Ejecutivo Nacional. En este caso, el acuerdo de la Asamblea Nacional deberá contar con el voto favorable de las tres quintas partes de sus miembros”.

Lo anterior quiere decir que, de ser necesario y después de haber juzgado políticamente la oportunidad y alcance del Decreto, los diputados del cambio podremos modificar los términos de la emergencia económica y obligar así a Nicolás Maduro a cambiar de rumbo. 

-Vamos directo a los aspectos puntuales: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del decreto de emergencia económica? 

Conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica de los Estados de Excepción (LOEE), el decreto de emergencia económica tiene rango, valor y fuerza de Ley. Un decreto de emergencia económica es un acto dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución (artículos 337 y 338 de la CRBV) que crea un Estado de Excepción a propósito de circunstancias que afectan gravemente la vida de la nación (artículo 10 LOEE).

-¿Puede el decreto de emergencia económica restringir derechos y garantías constitucionales? 

El objeto del decreto de emergencia es, precisamente, restringir garantías constitucionales. En ese sentido, a través del decreto de emergencia económica se pretende restringir los derechos económicos, fundamentalmente el derecho a la libertad económica y el derecho de propiedad. Pero debe quedar claro que el decreto puede restringir las garantías de tales derechos, nunca dichos derechos en sí mismos.

-¿Qué naturaleza tienen las medidas que el Ejecutivo Nacional podría adoptar en el marco de la emergencia económica? 

Las medidas que el Ejecutivo Nacional podría adoptar bajo el decreto de emergencia tendrían naturaleza ejecutiva –nunca legislativa– y estarían orientadas a restringir las garantías de los derechos económicos, con el objeto de superar la situación económica extraordinaria que habría dado lugar al decreto de emergencia.

– ¿Cuáles son los requisitos de validez del decreto de emergencia económica? 

El decreto debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) debe ocurrir una situación extraordinaria, es decir, imprevisible, en el ámbito económico (artículos 337 de la CRBV y 2 LOEE); (ii) las circunstancias deben hacer insuficientes los medios ordinarios de los que dispone el Estado para afrontarlos; (iii) toda medida de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación (artículo 4 LOEE); (iv) ese decreto de emergencia económica debe ser presentado por el Presidente dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación (artículo 339 CRBV), (v) y, finalmente, debe ser presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad (artículo 339 CRBV).

“Maduro propone profundizar el camino del Socialismo del Siglo XXI.”

“Maduro propone profundizar el camino del Socialismo del Siglo XXI.”

CONTROL POLÍTICO

-El decreto de emergencia económica, ¿produce en la práctica los mismos efectos que una ley habilitante? 

Conforme con el ordenamiento constitucional venezolano, el decreto de emergencia económica es un mecanismo jurídico-institucional distinto de las leyes habilitantes. Pero tal como está planteado en la actualidad, el decreto de emergencia económica pretende lograr una habilitación amplia a favor del Presidente de la República para ejercer una función legislativa encubierta.

-¿Qué naturaleza tiene el control del decreto de emergencia económica que hace la Asamblea Nacional? 

Se trata de un control político vinculante sobre la oportunidad del decreto. Desde la perspectiva constitucional venezolana, el decreto de emergencia económica solo adquiere validez plena y faculta la actuación extraordinaria del Ejecutivo en materia económica una vez que ha sido aprobado por la mayoría simple de diputados de la Asamblea Nacional.

– ¿Qué naturaleza tiene el control del decreto de emergencia económica que hace la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? 

En un control de tipo judicial, específicamente constitucional. La Sala Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad intrínseca del decreto y de las medidas ejecutivas extraordinarias contenidas en él.

¿Puede la Asamblea Nacional improbar el decreto de emergencia económica aunque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie favorablemente sobre la constitucionalidad del mismo? 

Sí. Se trata de controles distintos y autónomos. Ninguno de los controles tiene efecto sobre el otro control, porque tienen como objeto vertientes distintas del decreto de emergencia económica. A la Sala Constitucional le corresponde el control de constitucionalidad.  A la Asamblea Nacional le corresponde controlar la oportunidad del decreto. Puede ocurrir, entonces, que aun tratándose de un decreto constitucional sea improbado por la Asamblea Nacional por razón de falta de oportunidad; en cuyo caso la propia Exposición de Motivos de la Constitución y la Ley Orgánica de los Estados de Excepción impide a la Sala Constitucional pronunciarse al respecto por considerarse extinguida la instancia (artículo 33 LOEE).

¿Puede la Asamblea Nacional ejercer los mecanismos de control parlamentario establecidos en la Constitución ante funcionarios públicos para recabar la información necesaria que conduzca a un mejor juicio político y de oportunidad sobre el decreto de emergencia económica?

 Sí. De conformidad con el artículo 222 de la Constitución la Asamblea Nacional y sus comisiones puede ejercer interpelaciones, exigir comparecencias y formular preguntas para recabar mejores elementos de juicio respecto del decreto de emergencia económica.

 – ¿Puede la Asamblea Nacional modificar los términos de la emergencia económica y aprobar el decreto con un contenido distinto al planteado por el Ejecutivo Nacional?

 Las normas que confieren a la Asamblea Nacional la competencia de aprobar o improbar el decreto de emergencia económica no contempla la posibilidad de que la Asamblea Nacional proceda a su modificación. Sin embargo, la Asamblea Nacional podría dirigir un oficio al Presidente de la República sugiriéndole que realice determinados cambios en el decreto para proceder a su aprobación.

-De ser aprobado el decreto de emergencia económica por parte de la Asamblea Nacional, ¿esta podría seguir legislando en materia económica?

 La Asamblea Nacional no renuncia a su función legislativa, incluso en materia económica, al aprobar un Decreto de Estado de Excepción. Recuérdese que no se trata de una ley habilitante y que las medidas que puede adoptar el Ejecutivo Nacional bajo el amparo del decreto de emergencia económica tienen carácter ejecutivo, no legislativo.

-En caso de improbar el decreto de emergencia económica, ¿la Asamblea Nacional podría sugerir medidas institucionales alternativas al Ejecutivo Nacional para enfrentar la crisis?

 En el mismo sentido a lo señalado en el punto 12, la Asamblea Nacional podría sugerir medidas económicas al Poder Ejecutivo, aun improbando el decreto de emergencia económica. También puede ejercer sus competencias legislativas, presupuestarias y de control en el ámbito de su actuación institucional ordinaria.

– Qué naturaleza jurídica tiene el eventual acto de la Asamblea Nacional que impruebe el decreto de emergencia económica? ¿Dicho acto es revisable judicialmente ante el Tribunal Supremo de Justicia? 

Se trata de un acto dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Al tratarse de un acto de contenido político, privativo de la Asamblea Nacional por así disponerlo la propia Constitución, la Sala Constitucional no tiene elementos para juzgar sobre su constitucionalidad ni es competente para ello.

_ Pero ya el TSJ avaló el decreto…

_  El debate no será fácil. Pero daremos la pelea. —

 

 

@JuanMMatheus

 

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