BULLA EN TUMEREMO

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Sólo las manifestaciones callejeras y los reportes de la prensa independiente pudieron quebrar el muro de silencio tendido desde factores regionales para que la masacre de mineros en Tumeremo quedara impune. Pero el daño ya estaba hecho

En el estado Bolívar, bulla es sinónimo de yacimiento minero, y por ende de una riqueza más o menos inmediata, aluvional. La gente común va a una de ellas, y puede encontrar algunos gramos de oro u otros metales preciosos con los que puede resolver las necesidades más perentorias.

Pero la acepción más extendida de bulla, indica la Real Academia de la Lengua Española, es “gritería o ruido”. En algunas partes de Latinoamérica, entre ellas Venezuela, “meter bulla” es impedir la continuidad de un asunto.

Tumeremo

Gracias a esta última bulla los venezolanos pudieron enterarse de la masacre perpetrada el 4 de marzo en el yacimiento conocido como Miamo, a unos 30 kilómetros al noroeste de Tumeremo. Hasta ahora, se ha constatado el asesinato sistemático de diecisiete personas, aunque desde el comienzo de este caso los habitantes de la región y los deudos han insistido en que hubo veintiocho víctimas.

Masacre en Tumeremo: tiempo que pasa…

Entre la ejecución de este crimen múltiple y el hallazgo de los cadáveres transcurrieron diez días. No cabe duda que uno de los factores que prolongó excesivamente este lapso tuvo que ver con las tácticas aplicadas desde el gobierno de la región para negar abiertamente el asunto y simultáneamente amedrentar a los periodistas y medios independientes que intentaban corroborar lo que aseguraban desde un principio testigos directos y referenciales, como por ejemplo el propietario de un fundo cercano al que acudieron en busca de auxilio cerca de sesenta sobrevivientes.

Hubo gestos de manipulación intencionada por parte de autoridades, que serían evaluados con mayor firmeza si Venezuela tuviese una justicia medianamente ecuánime. El gobernador y general del Ejército Francisco Rangel Gómez afirmó el 5 de marzo: “…es absolutamente falsa la información que lamentablemente personajes de la derecha han estado mencionando en relación a veintitantos muertos (…) se hizo un rastreo esta tarde y no hay absolutamente nada”.

Para el momento en que se hizo ese “rastreo” ya habían transcurrido por lo menos 24 horas desde que ocurrieron las muertes. Tiempo suficiente para llevar a cabo el traslado y la inhumación de los cadáveres en un sitio ignoto.

Lo único reconocido por el gobernador en su primera intervención es que hubo un “enfrentamiento” entre supuestas bandas que rivalizarían por el control del yacimiento aurífero. Otra falsedad. Para que haya un enfrentamiento debe ocurrir un intercambio de fuego entre los bandos en pugna, aunque sea breve o desigual. Nada de eso sucedió. Los testimonios recabados hasta el presente indican que hubo un grupo que con premeditación, alevosía y ventajismo se valió de su poder armado para eliminar físicamente a las personas que consideraban podían disputarle la extracción del oro en el sector. Era tal el control ejercido allí que se dieron a la tarea de seleccionar a quienes matarían entre todos los mineros que por mala fortuna acudieron a la bulla de Miamo ese viernes.

La descalificación de la denuncia llegó al punto de sugerir que la idea de los denunciantes y del diputado Américo de Grazia era “empañar” la conmemoración del tercer año de la muerte de Hugo Chávez. En este señalamiento el Gobernador fue secundado por el presidente de la legislatura regional Kamal Naim Naim.

Como el tiempo pasaba y se consolidaba la versión de los líderes políticos regionales, un grupo de pobladores de Tumeremo optó por bloquear la carretera Troncal 10 que recorre todo el estado Bolívar hasta la frontera con Brasil.

Esta manera de “meter bulla”, unida a las informaciones que llegaban a Caracas con días de retardo propiciaron las movilizaciones de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. El 7 de marzo (72 horas después de la masacre) llegaba a la región el equipo designado por el Ministerio Público. Ese día el Defensor del Pueblo Tareck William anunciaba que también investigaría el asunto.

“Tiempo que pasa, la verdad que huye”, reza un principio de investigación criminal. En pesquisas de homicidios, las primeras 48 horas son vitales. Es mucho lo que en ese lapso se puede ocultar o enrarecer para dar una impresión equívoca. Una pregunta a la que aún no se le ha dado debida contestación es cómo hicieron los perpetradores para trasladar por lo menos 17 cadáveres apilados en un camión 350 volteo a lo largo de 60 kilómetros de vías en las que suelen estar numerosos puntos de control, tanto policiales como militares.

Cerrar diarios y controlar daños

Es por eso que los señalamientos sobre la participación activa de funcionarios de cuerpos de seguridad en este crimen parecieran tener fundamento. Son numerosos los episodios en los que se han visto implicados miembros de las distintas instituciones uniformadas de la entidad, desde policías municipales hasta militares y Cicpc. El dominio del comercio del oro tiene un importante efecto corruptor sobre todos ellos. En especial, aquellos que tienen mayor cercanía con los yacimientos o una función de control primario.

Para el momento en que estas líneas son redactadas ya se inició una operación propagandística para “controlar daños” desde el gobierno central. Eventualmente el general Rangel tuvo que admitir lo inocultable: que hubo una masacre. Pero ya el mal estaba hecho. Ya entonces algunos perpetradores estaban en sitios tan lejanos del crimen como San Pedro de Lagunillas, estado Zulia, donde fue capturado el viernes Francisco Javier Carache, alias Goliat, señalado como uno de los reclutadores de mineros para la organización de unas 40 personas cuyo liderazgo ha sido atribuido al ecuatoriano Jámilton Ulloa, apodado el Topo, también en fuga. ¿Cómo no pensar que alguno de los criminales no ha cruzado la frontera? Mientras tanto, el titular de Relaciones Interiores intenta fijar la noción de que la masacre fue perpetrada por “paramilitares”. Un discurso gastado que, sin embargo, de tanto repetirlo hace perder la perspectiva de cuáles fueron los sectores que encubrieron el crimen en primera instancia.

La masacre en Tumeremo y las posteriores averiguaciones se desarrollaron en un contexto de agudización de la crisis de los medios independientes. Mientras buscaban los cadáveres el tribunal sexto de juicio de Bolívar, a cargo del juez Beltrán Lira, condenaba al director del Correo del Caroní David Natera a cuatro años de prisión por la cobertura hecha en ese rotativo a la corrupción en la CVG Ferrominera del Orinoco. Poco después El Carabobeño tuvo que cesar su edición impresa debido a la falta de papel. Sus representantes indicaron que la Corporación Maneiro, una estatal que conserva el monopolio para el suministro de este insumo, no les había entregado ni siquiera una bobina. Lo mismo que sucede con La Mañana de Coro.

Lo ocurrido en Tumeremo ha sido el homicidio colectivo más importante de este siglo en el país, si exceptuamos los reportados en recintos carcelarios. Aunque la fiscal Luisa Ortega se vanaglorie de la detención de cuatro personas (todas operadoras secundarias en la red criminal) y la identificación de otras tantas en vinculación con este crimen, lo cierto es que todo el episodio está cubierto por un manto de impunidad. Las redes de delito organizado se disputan con plomo el control del oro en Bolívar, y por lo tanto es muy probable que ocurran otras matanzas. Pero cada vez serán menos los medios con capacidad para reportarlas.

 

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