EL IMPEACHMENT DE DILMA

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Así, en inglés, es como llaman una gran cantidad de brasileños al proceso en marcha este domingo, cuando dos tercios de la Cámara de Diputados aprobaron abrirle juicio político a la Presidente Dilma Rousseff con miras a destituirla.

Desde los días del proceso que provocó la dimisión de Collor de Mello, en 1992, no volvía un vocablo inglés a instalarse con semejante fuerza en el imaginario político de Brasil.

Es una herencia del léxico constitucional estadounidense que se popularizó en el mundo entero con la caída de Richard Nixon. Brasil no necesita, por cierto, ejemplos foráneos para referenciar sus crisis constitucionales. Los brasileños experimentaron antes de Nixon casos de destitución (Joao Goulart, cuya vacancia fue decretada por el Senado en colusión con militares y empresarios golpistas) y de renuncia forzada (Getulio Vargas, el gobernante autoritario del Novo Estado que dimitió en 1945 en un clima de presión democratizadora).

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Lo que sucede ahora es muy distinto de estos dos precedentes, pues no hay un golpe en marcha ni se trata de sustituir un régimen autoritario por otro democrático. Sí hay paralelos, en cambio, con el caso de Collor de Mello porque se trata de un proceso constitucional, es decir con arreglo al estado de derecho, en el contexto de un caso de corrupción y una crisis política (a Collor no llegaron a destituirlo porque, al verse perdido, renunció). La diferencia principal estriba en que el vínculo personal con el esquema de corrupción parecía bastante más acreditado en el caso de Collor que en el de Dilma (aunque la justicia acabó absolviendo a de Mello, el Congreso lo privó de sus derechos políticos durante ocho años).

En cambio, hay que decir que las dimensiones del esquema actual, conocido como “Operación Lava Jato”, son mucho mayores; la responsabilidad, pues, de la actual Presidente, tanto como ex mandamás de Petrobras, pieza central del sistema de intercambio de sobornos por contratos y favores, como en su condición, posteriormente, de líder de su partido, alcanza dimensiones sin precedentes.

El caso ahora se trasladará al Senado, donde es casi seguro que una mayoría simple lo aceptará. En ese momento la mandataria deberá apartarse del cargo hasta que la Cámara Alta decida su destino (el proceso puede tardar seis meses, durante los cuales su vicepresidente, y hoy enemigo declarado, Michel Temer, asumiría sus funciones).

Una mayoría clara de brasileños  -más del 60%- pide la salida de Dilma. El ambiente, que ya está poblado de lemas como “Fora todos eles”, casi un calco del “que se vayan todos” en la Argentina de 2001, exige alguna salida a este entrampamiento, que se da en plena crisis del modelo económico populista: Brasil empezó el declive económico después de 2010, registrando la mayor seguidilla de años con crecimiento negativo en un siglo. Quizá por eso -mejor dicho: por lo que todo eso puede acarrearles electoralmente si siguen protegiendo a la Presidente- un buen número de partidos y grupos que hasta ahora eran parte de la coalición gobernante han abandonado a la mandataria.

El más importante aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, con una presencia muy importante en el Congreso, ya se pronunció públicamente contra ella hace algunos días…. pero había, entre los 28 partidos que tienen representación, en gran parte gracias a Lula da Silva, convertido en el operador político del gobierno, un núcleo de aliados que le garantizaba a Dilma la supervivencia en el cargo (los 172 votos que necesitaba sumar para impedir que Diputados apruebe la recomendación de enjuiciarla). Entre ellos estaban cuatro organizaciones que son siglas más que partidos pero suman votos: PRB, PR, PROS y PSD. Presionados por el Partido de los Trabajadores y organizaciones sindicales afines al gobierno, ellos temían más alejarse de Planalto que darle la espalda.

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Eso cambió drásticamente en los últimos dos días, cuando un aliado tras otro dejoo en libertad a sus miembros de votar a conciencia.

Se dice fácil, pero hay que tener en cuenta lo que significará que Dilma sea sometida a juicio político: el fin humillante y traumático de la “era” política más duradera e influyente desde que Brasil recuperó la democracia. Sólo la profundidad del descenso en el abismo moral y la sensación de asfixia política y marasmo económico pueden explicar que Brasil esté a punto de  iniciar el proceso de destitución de Dilma y colocar en el poder, en su reemplazo, a Michel Temer y el PMDB. Este partido está casi tan ensuciado por “Lava Jato” como el oficialismo, su aliado de años, al punto que un micrófono indiscreto pilló hace poco a un juez del Tribunal Supremo Federal diciendo: “Dios mío, ¿esta es nuestra alternativa de poder?”. Pero la urgencia de pasar la página del gobierno de Dilma lleva hoy a muchos sectores a aceptar a Temer como alternativa pensando que la dinámica de las cosas puede provocar su renuncia poco después.

A Dilma no se le abrirá juicio político -en caso de que la oposición alcance los dos tercios en Diputados- por la corrupción de Petrobras. Es un imposible político, pues muchos de los parlamentarios que votarán contra ella están también inmersos en esa podredumbre y bajo investigación (o acusación directa). La clase política ha encontrado, sin embargo, otra causa para iniciar el proceso de destitución o forzar la renuncia: la manipulación de las cuentas fiscales con el fin de ocultar el verdadero estado de las finanzas públicas y poder así elevar el gasto en vísperas de las elecciones de 2014. El monto ascendería, en principio, a casi 1% del PBI.

Es evidente que esto constituye, en comparación con “Lava Jato”, un pecadillo. Pecadillo cometido, por lo demás, con frecuencia en la reciente historia democrática brasileña. Pero este casus belli contra Dilma en el Congreso es el pretexto necesario para encontrarle salida a una situación en la que la mandataria carece de legitimidad y espacio para tomar decisiones y mucho menos iniciar la regeneración moral, institucional y política del país. Ciertamente, no está en condiciones de hacerlo tampoco el vicepresidente o el presidente de la Cámara de Diputados, en caso de que se le abriera a también a Temer un proceso político eventualmente, pues está acusado de lavado de dinero y haber recibido sobornos de Petrobras. De allí que muchos brasileños prefieran los mecanismos que permiten ir lo antes posible a nuevas elecciones, programadas en este momento para un lejanísimo 2018. Uno de ellos es que el tribunal electoral anule los comicios de 2014 con el argumento de que el uso indebido del dinero público las invalida.

No se puede descartar, por cierto, que el caso de las cuentas fiscales y “Lava Jato” acaben teniendo vasos comunicantes. El artífice de las campañas de Lula y Dilma, Joao Santana, fue arrestado hace algunas semanas.  Parte de su caso tiene que ver con dinero no declarado que se supone fue utilizado para las campañas del PT. Si ese dinero provino en parte del esquema de sobornos relacionados con Petrobras u otras entidades públicas, querrá decir que la campaña de 2014 fue beneficiaria directa del esquema de dineros mal habidos de “Lava Jato”.

No es inútil recordar brevemente qué es “Operación Lava Jato” y por qué le puede costar a Dilma el puesto aun cuando la acusación en el Congreso se relacione con las cuentas fiscales y no la corrupción de Petrobras. En 2009, la policía investigó una red de lavado de dinero que utilizaba entre otras cosas establecimientos para lavar autos y casas de cambio. Uno de los investigados, Alberto Yousseff, resultó ser un hombre cercano a Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, cuya detención, junto con la de Yousseff, resultó providencial para que se conociera, mediante sus testimonios, la trama de Petrobras. A partir de allí empezarán a caer las fichas del dominó.

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El sistema consistía en que Petrobras otorgaba contratos o utilizaba como proveedores a grandes empresas brasileñas, la mayor parte constructoras, e inflaba los costos para que esas compañías derivaran parte del dinero pagado a una serie de intermediarios que a su vez entregaban sobornos a funcionarios y políticos. El esquema era gigantesco -se calcula que sólo lo relacionado con Petrobras, que no fue la única entidad estatal empleada para esto, suma cerca de tres mil millones de dólares- y abarcaba al partido del gobierno, a otros partidos y a las grandes empresas, como Odebrecht y Andrade Gutiérrez, cuyos presidentes fueron detenidos en julio del año pasado.

Que Dilma fuera Presidente de Petrobras cuando buena parte de esto ocurría -con conocimiento de Lula da Silva, entonces presidente, según muchos testimonios y el juez Sergio Moro, la estrella de la investigación- y que, una vez conocidos los hechos, ella haya protegido políticamente a personajes de su partido siendo ya Presidente de Brasil, es algo, que independientemente de si cometió personalmente un delito o no, arroja sobre ella un manto de oscuridad. Desde que estalló la crisis política se ha negado a renunciar, ha acusado a la oposición de golpista y ha maniobrado insistentemente para sobrevivir. Su último recurso fue nombrar a Lula ministro -nombramiento que un juez paralizó en su momento- y, sobre todo, darle las riendas del gobierno para que se emplee a fondo como operador político. Lula se ha encargado de negociar con  decenas de parlamentarios, utilizando para ello proyectos que implican trasvases de fondos federales que interesan a sus aliados a nivel local.

Dicho esto, la magnitud de la crisis y la velocidad de los acontecimientos parecen, ahora sí, capaces de superar incluso a esa fiera política que es Lula, el hombre que colocó a Dilma en el poder y a quien ella debe, muy probablemente, el no haber sido enjuiciada en el Congreso hasta ahora.

No es una noticia grata. La caída de un presidente democráticamente elegido en países latinoamericanos tiene unas connotaciones más delicadas que en otras partes y algo de la institucionalidad democrática se lesiona. Pero en el caso de Brasil, la reflexión ya no es esa, sino esta otra: el costo -principalmente institucional- de mantener a Dilma como Presidente excede el de aplicar mecanismos constitucionales para salir de una crisis que afecta a toda la región, dado el peso de ese país en el contexto sudamericano. Y, entre todas las opciones constitucionales, la mejor es la que propuso hace unos días, en un editorial que ha causado revuelo (“Nem Dilma Nem Temer”), el principal periódico del país, Folha de Sao Paulo: la renuncia de la Presidente y el vicepresidente sin esperar el juicio político.

NR: Texto actualizado

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Brasil:Dilma Rousseff responde “indignada”

Redacción BBC Mundo

La Presidente de Brasil, Dilma Rousseff, dijo estar “indignada” después de que el domingo el Congreso votara a favor de abrirle un juicio político (impeachment) que podría acabar con su destitución.

La mandataria, que se siente “víctima de una gran injusticia”, también anunció que seguirá peleando contra el proceso abierto en su contra.

“Tengo la fuerza, el espíritu y el valor. No seré derrotada, no me paralizarán. Seguiré peleando y pelearé como he hecho toda mi vida”, dijo en un discurso televisado.

“Se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente”.

Rousseff respondía así al voto de 367 diputados de un total de 513 a favor de abrir el proceso de juicio político en su contra, que ahora pasará al Senado.

La oposición la acusa de un “crimen de responsabilidad” al haber supuestamente maquillado las cuentas públicas durante 2014, año de su reelección.

Se espera que el Senado vote en mayo. Si aprueba por mayoría simple seguir adelante con el impeachment, la Presidente sería suspendida durante 180 días y asumiría el cargo el vicepresidente, Michel Temer.

La destitución definitiva de Rousseff requeriría dos tercios de los senadores. Entonces Temer sería presidente en lo que queda de mandato.

La Presidente, que habla de un golpe de Estado, ha señalado a Temer de ser un “traidor”.

Cientos de miles de partidarios de la oposición se han manifestado en las calles del país a favor de la destitución de la mandataria. También partidarios del oficialismo han marchado en apoyo a Rousseff.

 
Alvaro Vargas LlosaAlvaro Vargas Llosa

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