DDHH O “NO INTERVENCIÓN”

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El principio de la no intervención armada o no en asuntos internos de cualquier país, está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas suscrita en San Francisco en 1945 y también en la Carta de la OEA. Todo confirmado por resoluciones de la Asamblea General de las NNUU, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y la Carta Democrática Interamericana. No cabe duda pues, que se trata de un medio de protección de pueblos y Estados, sobre todo los que no figuran entre los más fuertes y por lo tanto tienen menos capacidad de amenazar que de ser amenazados.

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Y sin embargo, con pasión todavía mayor, se ha expandido la causa de los DDHH al punto de reconocérsele supremacía constitucional virtual o hasta expresa (por ejemplo: en las Leyes  fundamentales de Venezuela y México)sobre la No Intervención, en aquellas situaciones en que los ciudadanos sean despreciados, humillados y despojados por gobiernos de signo autocrático o de vocación totalitaria.

¿Cómo conciliar entonces la No Intervención con la defensa de los DDHH?

La doctrina que se ha ido imponiendo en el universo, salvo en los dominios totalitarios, es que, con toda su pertinencia y fuerza, el principio de No Intervención no puede ser usado para reinar sobre pueblos condenados a la arbitrariedad y carentes de libertad y derechos. Siendo plenamente válido, no podrá sin embargo convertirse en valladar contra la solidaridad internacional hacia las víctimas de sistemáticos atropellos en su condición humana, familiar, política, económica o social.

Razones hay para que mueva a la sospecha la sinceridad de algunos aviesos dictadores -o en camino de serlo- que invocan, usualmente en forma pomposa y estentórea, el “sagrado principio de no intervención”. Pudieran abrigar la intención de que les dejen manos libres en la vesaniacontra sus propios compatriotas. Podría ser una argucia inaceptable que deberíamos rechazar en nombre de la libertad y el resguardo de los DDHH.

Como es natural el sistema internacional ha sido extremadamente cuidadoso en la investigación de violaciones de las libertades precisamente para no cometer el error de aplicar medidas sancionatorias sin disponer de todas las informaciones posibles ni del respaldo de cuando menos dos tercios de los Estados Miembros de NNUU o de la Asamblea General de la OEA, por citar solo las cumbres de la organización internacional e interamericana.Es un sistema cómodo para democracias verdaderas, e incómodo para regímenes antidemocráticos en trance de ser desenmascarados. Quien no sea un reiterado pecador puede arrojar las piedras que quiera.

Venezuela está sometida a una sedicente revolución sobre la que cabalga en pelo el presidente Maduro. Ese régimen ha cometido graves y asazmente documentadas violaciones a la Constitución, que parecen llevarnos casi de la mano a lo que se ha dado en llamar “una tormenta perfecta”. Ruedan por el suelo los DDHH, el pluralismo democrático, la independencia de los poderes públicos, la libertad en su más amplio sentido, la educación libre, la libertad de expresión y prensa, los derechos y garantías políticas, sociales y económicas. Todo en medio de una crisis económica y social jamás vivida y en todo caso insalvable si no hay un cambio completo de política y una incruenta remezónde la élite del poder. Sin esa condición no hay solución concebible. Nunca como ahora el gobierno ha levantado tantas voces críticas internas y exógenas. Maduro está de espaldas a la realidad y al mundo, la MUD en cambio gana diariamente simpatías internas e internacionales, y eso por dos motivos.

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Primero, por su tenaz apego a salidas “constitucionales, democráticas, electorales y pacíficas” que no ha podido desvirtuar el gobierno con su retórica de los golpes, magnicidios e invasiones,no solo desprovistas de pruebas o indicios sino que pasan los meses y nunca se concretan.

Y segundo, porque muchos factores notables la suscriben. Se esmeran en que nadie se separe de ese tipo de salida cada vez más gobiernos, parlamentos, partidos, organismos defensores de DDHH, incluidas las directivas de las NNUU, la OEA e igualmente de Unasur, Mercosur y las integraciones regionalesque exigen la cláusula democrática como requisito insoslayable de ingreso; es decir, origen electoral y apego a las exigencias de la democracia representativa. Si la MUD, por desesperación que no tiene, cambiara ese postulado por fórmulas extremistas, sería reducida al aislamiento casi tanto como lo está el desolado gobierno del presidente Maduro. El gobierno tendría que dialogar, negociar con la oposición y hacerlo con plena seriedad, sin subterfugios o con el despropósito de “ganar tiempo”, que no sería sino una manera de perderlo en horas tan críticas como las que lo atormentan.

El revocatorio encauza esos propósitos, prueba de lo cual es el poderoso apoyo de los electores. Por insistentes que sean los pueriles obstáculos interpuestos por el gobierno para nocontarse, la perseverancia opositora presiona con buenos resultados. En la misma dirección marchan los secretarios generales de la ONU,la OEA y cada vez más países miembros de esas organizaciones, además de los muchos amigos de la salida en paz y por la paz de Venezuela. El Papa y la Iglesia han tomado un lugar principalísimo en semejante tarea. Los factores de peso mundial recomiendan negociar y se ofrecen para facilitar o mediar.

Las presiones internas inmovilizan al gobierno. Temen negociar. Insisten en la puerilidad de “no evidenciar debilidad”, preocupación insignificante frente al enorme logro de un cambio democrático para todos, incluyendo los que dialogan, en una Venezuela no entregada a la venganza sino a la convivencia civilizada en ruta hacia la libertad y la prosperidad.

 

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