EL DELITO ES LA NORMA

colectivo

La capacidad de asombro ha perdido su efecto, su sentido para corregir, para reconducir  conductas ilegítimas. La turbación ha establecido nuevos parámetros para el venezolano como fórmula para sobrevivir.

Como fue conocido por todo el país, la detención por parte de la Policía Nacional de cinco integrantes del colectivo “Tres raíces” que opera en la parroquia 23 de Enero, desencadenó la toma de todo el urbanismo por parte de ese colectivo. Los reportes de ese día indicaban que miembros de esa agrupación vinculada al Gobierno y otros 30 colectivos se unieron para realizar la toma. Apostaron hombres armados en las azoteas de algunos bloques, cerraron todas las vías de acceso a la parroquia y a través de parlantes alertaron a la población que no podrían entrar ni salir de la zona.

A los conductores que por allí transitaban los detuvieron dentro de sus vehículos y les quitaron las llaves para obligarlos a quedarse en la vía, montaron alcabalas y hasta el transporte público resultó paralizado.

Los cinco integrantes del colectivo, con amplio prontuario en secuestros y extorsión, habían sido detenidos por el secuestro de un comerciante de origen nigeriano. Pero tras la presión de los colectivos, a las 8 de la noche fueron puestos en libertad, tal como reportó la periodista de suceso, Natalia Matamoros.

No es la primera vez que estos colectivos, quienes sirven de base armada para el apoyo a la revolución, realizan este tipo de acciones. En diversas ocasiones se han enfrentado a la policía. Cuando un miembro de las bandas es detenido por alguna causa criminal proceden a arremeter contra los funcionarios del cuerpo que hace la acción y hasta se han presentado en sedes policiales para exigir la liberación de un detenido.

Algunos altos funcionarios del PSUV se han fotografiado y participado en actos públicos en la zona en donde no dejan de esgrimir las armas largas que poseen. En los locales que manejan cuentan con circuitos de TV para vigilancia, a las puertas de esos centros suele haber vehículos militares y salen en caravanas de motos cada vez que el Gobierno requiere de algún apoyo.

Por ello no es de extrañar que tengan tanta capacidad para presionar, doblegar a las autoridades y libertad para delinquir. No hay operativo de seguridad que pueda reducir  la criminalidad en Venezuela cuando estas bandas están protegidas por el Gobierno.

Solo así se entiende que jefes de ese colectivo fueran recibidos en Miraflores en donde se reunieron con el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, algo que diputados y dirigentes políticos de oposición jamás han logrado.

En la reunión, además de la liberación de los cinco sospechosos de secuestro, le exigieron la destitución del jefe de operaciones de la Policía Nacional

¿Serán complacidos? Eso es lo de menos. Así como a los llamados CLAP, el Gobierno les da poder, les permite armarse y a grupos civiles organizados,les eroga funciones en materia de seguridad, en materia alimentaria y actividades ilegales como amedrentar, presionar y hasta agredir a personas, organizaciones e instituciones como la Asamblea Nacional, de acuerdo a las necesidades del partido oficial.

Esa manera de actuar y de delinquir no va a cambiar por el momento. Esos delitos, quienes los auspician y quienes los ejecutan, quedarán allí registrados para una nueva etapa democrática que habrá de llegar tarde o temprano.

 

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