DE CÓMO EL PRESIDENTE ENTREGÓ TODO EL PODER A LOS MILITARES

Lo sabía. Luego de entregar tanto poder a los militares, el Presidente no iba a sostenerse. Estaba a la vista que luego del autogolpe, si se puede llamar así, todo se iba a deteriorar. El problema de fondo no se tocaba. Se agudizaba la crisis social y económica del país, la inseguridad rampante. Y para más cuento el Presidente decidió nombrar un ministro de Defensa que no gustó a los otros generales. En el comunicado que le enviaron los de uniforme estaban sus condiciones.

Juan María Bordaberry

Juan María Bordaberry

Jose Augusto tomó el papel, un poco ajado por el tiempo: “Las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que, integrando la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño, a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país”. Entonces vino el golpe. No solo es que nombró los ministros que convenían a la cúpula militar, sino que disolvió el parlamento. Y además impuso la censura, prohibiendo “la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que, directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo o pueda perturbar la tranquilidad y el orden público”.

Jose Augusto, un maestro de escuela fanático de la historia, estaba escribiendo todo lo que había vivido personalmente en los años anteriores. No tenía aspiraciones de publicar un libro, pues era poco probable que los militares lo permitieran, pero quería dejarlo por escrito para sus nietos. “Bordaberry había llegado a la presidencia casi por carambola. Para los comicios de 1971 el partido Colorado quería la reelección de Jorge Pacheco Areco, pero como no fue aprobada, el candidato fue Juan María Bordaberry. La elección estuvo marcada por el fraude. Muchas urnas con más votos que votantes dieron la victoria al Colorado. Pero el país estaba vuelto un desastre. La inflación era galopante, no había trabajo, la inseguridad era el pan de cada día. A esa crisis se sumaba la guerrilla, Los Tupamaros.

En menos de un año de gobierno, la institucionalidad y la legalidad se deterioraron de una manera sorprendente. Fue cuando los militares decidieron tomar el poder, aunque manteniendo a Bordaberry como pantalla democrática. Luego de entrar en acuerdos con los de uniforme, de disolver el congreso, el Presidente emitió decretos. Creó un Consejo de Estado para sustituir al Congreso, suspendió las actividades de los partidos políticos, de la central de trabajadores y sus sindicatos, y bloqueó las clases en la Universidad de la República. Un golpe de Estado bien claro.

José Augusto continuó recordando. “Cuando en 1976 Bordaberry comenzó a proponer cosas que no gustaron a los militares, entonces, sin más, se lo comunicaron. “Usted perdió nuestra confianza”, le dijeron, y luego llamaron al vicepresidente Demicheli, quien asumió la presidencia. Pero duró pocos días. Le colocaron por delante un documento para perseguir a dirigentes políticos, y el vice, exdiputado y exministro, se negó a firmarlo. Ahí asumió el exministro de Salud, Aparicio Méndez.

Durante tres años Uruguay tuvo de hecho tres presidentes. Bordaberry nunca renunció, ni fue destituido. Demicheli alcanzó a firmar dos “leyes” conocidas como “actos institucionales”. El “acto 1”suspendía por tiempo indefinido las elecciones. El “acto 2” creaba el Consejo de la Nación, conformado por el Consejo de Estado y una Junta de oficiales generales. Ellos designarían al presidente, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a los miembros del Consejo de Estado. Luego emitieron más “actos”.  El 3 legalizaba el Cosena, Consejo de Seguridad Nacional, conformado por militares, y creaba el ministerio de Justicia, para controlar el Poder Judicial. El “acto 4” proscribía por 15 años a todos los políticos conocidos. El “acto 5” establecía que los derechos individuales quedaban limitados por razones de seguridad nacional, es decir cero Derechos Humanos. Y el “acto 7” dejaba las manos libres al Gobierno para “disponer” de los funcionarios públicos, destituirlos sin causa, bajo la excusa de “limpiar” a los ministerios de enemigos y subversivos. Al fin los militares controlarían el poder total”.

 

Artículos relacionados

Top