UN SÍ “CHUCUTO” A LA PAZ DE COLOMBIA

No se imaginan aún quienes acudirán de buena fe a la última etapa del proceso de la paz en Colombia –la del plebiscito por la paz– el tamaño de la responsabilidad que asumen frente a sus hermanos colombianos.

Lo que viene a partir de esta semana, en la que quedaron acordados los términos de la “paz” de cuño Santos, es la votación plebiscitaria, cerca de octubre, que le daría nacimiento o que condenaría a la muerte al género de sociedad colombiana “pacífica”, concebida desde La Habana por el gobierno y los insurgentes.

Los estudios de opinión, de acuerdo con los altos jerarcas oficiales, están a favor del triunfo del esquema de pacificación rubricado esta semana y cuyo contenido global se hará del dominio público una vez firmado el Pacto por las partes  y anunciado por el presidente de la República.

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El gobierno pagó y se dio el vuelto en la negociación con la guerrilla. Desde el gobierno, igualmente, se urdió un proceso de consulta popular que garantizara que lo pactado pasaría el examen del país. Para ello, los números que darían victoria a lo acordado, y que permitirían el inicio de su implementación, fueron bien masajeados, concluyendo con un esquema muy alejado de lo sano, y de lo cuerdo, para ser aplicado a una sociedad democrática.

El Sí a la “Paz de Santos” se lo darán muy pocos ciudadanos, de acuerdo con la fórmula diseñada. Como no existe un umbral constitucional establecido en Colombia para la aprobación o negación de una propuesta presidencial plebiscitaria, en esta ocasión se consideró que bastarían 13% de los votantes del país para que la fórmula santista se imponga.

Es decir, con el Sí de 4,5 millones de colombianos, dentro de un censo electoral de 34,5 millones de votantes y una población de 49 millones, se le dará nacimiento a un incierto acuerdo en el que se incorporarán a la vida ciudadana, a las instituciones públicas y privadas y al ejercicio político, a centenares de criminales que acabaron con la vida de 220.000 de sus compatriotas en 50 años de masacres.

¿Puede la venia de tal ínfima proporción de la población –1 de cada 10 nacidos colombianos– asumir un irrestricto perdón de tal calibre, sin que exista una verdadera y suficiente compensación a las víctimas, conformadas estas por un país entero?

¿Cuántos de quienes depositen su voto a favor conocerán a fondo los detalles del complejísimo texto acordado en La Habana? ¿Será este mínimo contingente de personas erigido en intérprete de sus connacionales capaz de marcar el rumbo futuro del país con conciencia plena de sus implicaciones?

¿Están conscientes los votantes, tanto los del Sí como los del No, que de acuerdo con lo señalado por la magistrada presidente de la Corte Constitucional del país que el resultado “no vincula a otros poderes, porque lo que se va a someter a consideración del pueblo es una decisión política del presidente”?

Sin yo haber leído la totalidad de los textos de compromiso, me inquieta que el vicepresidente Humberto La Calle, máximo exponente del gobierno en la comisión negociadora y quien la presidió, considere que el país está en la puerta de una sociedad más incluyente y le haga un llamado a sus compatriotas a “tolerar discusiones, ajustes y sacrificios, en los que se necesita comprensión, altruismo, tenacidad y paciencia”. Lo anterior nos permite atisbar el espíritu de lo concedido a los narcoterroristas, ya que esta máxima autoridad terminó por agregar: “Hasta el último de los colombianos tiene mucho que aportar, desprendimiento, disposición para reconocer a los ciudadanos como portador de derechos, aun si ese ciudadano ha afectado a otros en el pasado”.

El llamado más bien es a la cordura de los votantes, a examinar las propuestas con detalle e inclinarse a favorecer lo que se considera justo para una nación que, a lo largo de medio siglo, puso los muertos y la tranquilidad del país en una guerra sin sentido.

 
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