EL TRAMPOSO PLEBISCITO COLOMBIANO

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Los colombianos se preparan para ir a votar en un mes el acuerdo de paz que acaba de ser rubricado por el presidente y el jefe de los narcoterroristas. La pregunta del plebiscito es la siguiente: “¿Aprueba usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

El primer gesto confusionista del gobierno es el de orientar tendenciosamente al electorado desde la redacción misma de la pregunta objeto de la consulta. Es decir, el gobernante asocia el Acuerdo Final de La Habana con la paz “estable y duradera” de la manera más abierta y grosera. ¿Quién se atrevería a votar en contra de la paz como concepto? ¿Quién, además, le diría que No a una paz que sea a la vez estable y duradera en un país en el que la inmensa mayoría de los votantes nació dentro de un país convulso y aterrorizado por los estragos del terrorismo farcquiano?

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Haría falta que los que acudan a depositar un voto en pro o en contra de la paz de Santos, lo que en sano juicio es una verdadera quimera.

El texto aprobado tiene la friolera de 297 páginas densas, además de fastidiosas que evidentemente nadie pensará en leer. Ello nos lleva a un acto contundente en el que quien vota le da aprobación o rechazo al texto de las 297 páginas. Esto no es un hecho casual.

Quienes idearon el proceso plebiscitario de manera deliberada pensaron en poder contar con la confusión que estaban creando en la mente del votante para convertirlo en un gesto emocional en favor o en contra de uno de los valores universales aplicables a cada uno de los gestos de la vida cotidiana: transcurrir en paz.

El texto está repleto de aberraciones legales, formales, constitucionales, éticas y humanas y, por lo extenso e intrincado de las mismas, resulta una tarea engorrosa intentar plantear a los lectores cuáles son las más graves de las transgresiones a las normas, al sentido común y a la moralidad e, insisto, al sagrado derecho de las víctimas a obtener una justa reparación por los crímenes guerrilleros que los han afectada lo largo de sus vidas.

Quisiera solo referirme –escogiendo un crimen que resulta inmensamente oprobioso– a la suerte que tienen hoy que enfrentar los cientos de niñas que fueron secuestradas, violadas y embarazadas por los guerrilleros de las FARC, cuyos cuerpos fueron usados para el placer de los jerarcas guerrilleros y abandonados luego a la lujuria de las tropas insurgentes.

Ignoro cuál es la reparación que corresponde recibir a una joven víctima que cuenta en su haber con el estigma, la vergüenza y el dolor de la violación y del aborto obligado, para enfrentar la vida con cordura y paz. Pero ciertamente no es la verse obligada a observar quietamente a sus verdugos sentados en las filas del Congreso de República, sin juicio ni castigo.

Y así podría citar decenas de casos de violaciones de derechos humanos que quedarán impunes por la voluntad de los negociadores y sin que ello sea cabalmente entendido por el inmenso grueso de los votantes plebiscitarios.

Este texto en su integridad se convertirá en un “borrón y cuenta nueva” cuyos flagrantes detalles solo los iremos descubriendo poco a poco a lo largo del tiempo y demasiado tarde, si lo que se impone es el Sí. Todo lo anterior lo desconoce el participante en el proceso de votación, pero no le ha pasado inadvertido a quienes acordaron el contenido del Acuerdo en nombre del gobierno. ¿Fue ello deliberado, fue producto del cansancio negociador, fue un producto de un desmedido deseo de pasar la página sobre una etapa luctuosa de la historia de Colombia? Yo no lo sé.

Pero, en todo caso, no serán los votantes sino los artífices del Acuerdo Santos quienes deban rendir más adelante cuenta a sus propias conciencias.

 

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