MÁS DEL CASO ANDORRA

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*Un tribunal del principado de Andorra emitió una medida que nuevamente pone de relieve las actividades de un grupo de venezolanos ligados a este y al anterior gobierno. El desfalco estimado supera los dos millardos de euros

El 5 de mayo, la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, a cargo de la juez Canolic Mingorance Cairat, solicitó a las autoridades francesas contra el lavado de dinero el congelamiento de todos los activos pertenecientes a siete venezolanos, una mujer de origen español y 24 empresas ligadas a algunos de ellos.

La medida recayó sobre Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosicela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

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Esto se basa en una pesquisa iniciada en 2012 a propósito de una serie de operaciones sospechosas a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), la misma entidad investigada por la Red de Aplicación contra Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) debido a que supuestamente era utilizada por grupos de delincuencia organizada de Rusia, China y Venezuela.

Como se recordará, en 2006 BPA abrió una oficina de representación en la torre A del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. En medio de la bonanza petrolera, sus agentes tenían un interés especial en captar los fondos manejados a discreción por funcionarios públicos y sus testaferros

Este banco ofrecía una alternativa para eludir el control cambiario mediante la negociación en Panamá de papeles del Estado venezolano, utilizando para ello empresas de fachada o “concha”, según la terminología estadounidense. Las compañías eran registradas por una filial de BPA en el país centroamericano. Posteriormente abrían cuentas bancarias a nombre de ellas, que simplemente servían como conducto de los fondos que terminarían en la central del banco en el principado europeo.

La primera señal de lo que hacía BPA surgió en 2010 a propósito del escándalo por el congelamiento de los fondos del ex jefe antidrogas de la policía judicial comisario Norman Puerta. Durante las audiencias celebradas en Andorra, se reveló que los operadores de la oficina de representación de BPA en Venezuela abrieron la cuenta al ex policía y un grupo de personas con antecedentes por drogas (dos de ellas con pasaporte diplomático) sin siquiera indagar de quiénes se trataba. Puerta, por ejemplo, fue registrado como si fuese un ganadero falconiano.

La solicitud del tribunal andorrano emitida en mayo de este año indica de manera expresa que varios de los afectados por la medida de congelamiento de fondos mantenían relaciones tanto filiales como de negocios con el entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. Villalobos fue viceministro de Energía, y Salazar y Farías se movían en el negocio de las pólizas de seguros para la estatal petrolera y otras instituciones gubernamentales. Farías permanece detenido en República Dominicana por las investigaciones sobre la quiebra fraudulenta del banco Peravia.

Según la petición del tribunal andorrano, las personas objeto de confiscación “organizaron un sistema de comisiones en relación a los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que comporta que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con el referido entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando los implicados millones de euros por los asesoramientos”. Más adelante se argumenta que los pagos a las empresas de tales asesores eran “imprescindibles” para acceder a los mercados públicos de la estatal petrolera venezolana y cualquiera de sus filiales.

El monto involucrado en las operaciones sospechosas sería superior a los dos millardos de euros, unos 2,6 millardos de dólares.

El ilícito fue detectado por los franceses, cuando se detectó una transferencia por más de 90.000 euros al empleado de un hotel parisino en retribución a “servicios prestados”. Los fondos surgieron de la cuenta de una empresa panameña Highland Assets Corp, perteneciente a Diego Salazar. Desde allí se hizo un monitoreo, y en noviembre de 2012 se intentó un primer embargo de fondos en Andorra, cuando Salazar supuestamente planeaba adquirir un inmueble en París por 40 millones de euros.

Salazar pudo desbloquear este dinero. Pero las investigaciones han continuado.

 

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