EL ESEQUIBO ¿CAMINO A LA HAYA?

La reclamación del Esequibo peligra. El secretario general de la ONU fijó diciembre de este año como fecha límite para su tarea de buenos oficios entre Guyana y Venezuela. Sin un “avance significativo” —lograr en nueve meses lo que no se ha podido en 50 años— remitiría la controversia a la Corte Internacional de Justicia

La ONU acelera el paso

La controversia por el territorio Esequibo reivindicado por Venezuela entró en una recta decisiva y quizás definitiva, después de que el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, reiteró la intención de llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia de La Haya este año.

Esa operación sería un triunfo para Guyana, que siempre abogó por acudir a la CIJ, y un revés para Venezuela, que desde hace casi un siglo sistemáticamente rehúsa someter a tribunales y terceros sus asuntos de territorio y límites.

Guterres nombró el pasado 27 de febrero al noruego Dag Nylander como su representante ante Georgetown y Caracas para manejar la controversia, en calidad de buen oficiante, pero con un “mandato reforzado” para mediar: podría adelantar alguna iniciativa propia y no limitarse a comunicar a las partes lo que propongan una y otra.

Nylander, abogado y diplomático de 47 años de edad, actuó como enviado de su país para apoyar entre 2012 y 2016 el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Su designación se acompañó de una helada advertencia: “Si al final de 2017 el secretario general concluye que no se han cumplido progresos significativos para llegar a un acuerdo completo para la solución de la controversia, él escogerá a la CIJ como el siguiente medio para buscar un arreglo, a no ser que los gobiernos de Guyana y Venezuela soliciten conjuntamente que se abstenga de hacerlo”.

En paralelo, el gigante estadounidense Exxon confirmó hallazgos de petróleo en la plataforma continental bajo aguas del Atlántico frente al Esequibo: los campos Payara-1 y Liza contendrían más de 1.000 millones de barriles de crudo. Analistas de la firma Tudor, Holt, Pickering & Co. calculan hasta 2.000 millones de barriles, que si se valúan a unos 50 dólares pueden significar 100.000 millones de dólares para Guyana en 20 años.

Exxon contiende con Caracas ante el Centro de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial por pago de compensaciones tras estatizarse sus activos en Venezuela. De Exxon proviene el nuevo secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson. Y esa compañía comparte sus negocios en Guyana con la empresa estatal CNOOC, de China, financista y socio en decenas de proyectos del gobierno venezolano.

¿Acuerdo violado?

El 17 de febrero de 1966, poco antes de la independencia guyanesa, Londres, Caracas y Georgetown firmaron el Acuerdo de Ginebra que estableció una comisión mixta para “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”.

La comisión mixta no logró su cometido en cuatro años, un protocolo congeló el diferendo por otros 12, y durante un cuarto de siglo ha estado en manos del secretario general de la ONU, que se hace representar ante las partes por un buen oficiante. “El anuncio de que si para finales de 2017 el secretario general concluye que no se ha logrado un avance significativo para un acuerdo completo de solución de la controversia elegirá a la CIJ como el siguiente medio, es una violación en sí del Acuerdo de Ginebra”, apunta el jurista Carlos Ayala Corao, ex representante de Venezuela ante el buen oficiante en los últimos años del siglo XX.

Ello porque el Acuerdo de Ginebra “habla de buscar una solución satisfactoria para ambas partes, y una solución judicial unilateral no lo es”, explica Ayala Corao. El acuerdo establece que el secretario general puede escoger los medios de solución pacífica de controversias previstos en la Carta de las Naciones Unidas (negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial o recurso a organismos regionales), hasta agotarlos. Según Ayala Corao “puede escoger cualquier otro medio de solución pacífica pero no el arreglo judicial, porque es unilateral”.

Carlos Bivero, ex vicecanciller de Venezuela, ha advertido que esta decisión de Guterres sintoniza con que “el secretario general de la ONU ha visto potenciadas sus facultades de resolución de conflictos. El Consejo de Seguridad le solicita que intervenga en la prevención de conflictos, y es un tema de interés para Guterres: en el seno de la ONU surge la doctrina de maximizar las facultades preventivas del secretario general”.

“El plazo de un año, ya nueve meses apenas, es una señal de superficialidad en el manejo del asunto y de un bajo nivel de compromiso, pues en un año no se resuelve un tema como este y lo que puede hacer el trabajo del buen oficiante es encaminar un proceso”, advierte Bivero.

La tesis de Guyana

Recurrir a la CIJ ha sido una tesis de Guyana y, desde los tiempos de la comisión mixta que se reunió sin éxito entre 1966 y 1970, ha mantenido el criterio de que determinar la nulidad o validez del Laudo de 1899 es una cuestión previa que debe tratarse antes de analizar cualquier arreglo práctico o de hecho.

Por ello, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en una declaración del 7 de febrero asentó que “pretender que, con el solo consentimiento del gobierno de Guyana, el secretario general de la ONU podría escoger remitir el asunto a la CIJ, constituye una infracción del objeto y fin del propio Acuerdo de Ginebra”.

El centro de análisis del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) subrayó en una declaración que “el secretario general de la ONU no tiene competencia para remitir la controversia a la CIJ” y que el postulado de Ginebra indica que no se trata de un problema jurídico sino político, por lo que los métodos arreglo judicial y arbitraje deben ser excluidos.

Otra apreciación ha conformado durante medio siglo la posición venezolana con opiniones de sus diplomáticos, juristas, historiadores y otros estudiosos: es sumamente cuesta arriba conseguir la nulidad de un laudo con más de un siglo de vigencia. Y Venezuela ha sufrido enormes pérdidas territoriales cada vez que sus límites se dirimieron en un tribunal, con la sola excepción de haber conseguido en 1865 la remota isla de Aves.

¿Qué hacer?

La cancillería venezolana ya adelantó el criterio de que rechazará ir a la CIJ. En diciembre, la ministra Delcy Rodríguez saludó que se designase un nuevo buen oficiante, y agregó en su cuenta de Twitter: “Haremos llegar al secretario de la ONU la posición reiterada de Venezuela de rechazar el recurso a la Corte Internacional”.

Rodríguez destacó entonces que Venezuela “ratifica su compromiso con la solución negociada de esta controversia”, pero el gobierno no ha insistido en el tema en las semanas siguientes a la reiteración de Guterres de abrir el camino a La Haya.

Para Eloy Torres, ex embajador y catedrático de relaciones internacionales, es una discusión inútil si a Venezuela tiene razón o no. “No podemos recuperar la totalidad de ese territorio. Hay que hacer un esfuerzo para recuperar una salida al Atlántico y no quedar encerrados: somos un país que exporta petróleo e importa alimentos”.

El internacionalista Gerson Revanales lamenta que ya no exista la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, una entidad que pudiera hacer recomendaciones a las autoridades, pues considera que el gobierno “no parece estar preparado para lo que viene”, es decir, encarar la controversia ante la CIJ.

“Pareciera que estamos otra vez en 1899: situación de crisis social, carencia de unidad política, un Estado nominal pero sin presencia en los espacios requeridos y con una diplomacia muy precaria”, apunta Carlos Luna, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV.

Luna dijo en una reciente mesa redonda del Covri que “se han cometido errores, discursivos y de aquiescencia (con Guyana). Se requeriría un paso al frente de toda la sociedad. La Asamblea Nacional podría impulsar un gran foro con todas las fuerzas interesadas en este tema”.

Con él coincide el diputado Williams Dávila, de la comisión de asuntos internacionales: “Tenemos dudas y preocupaciones acerca de si el gobierno está preparado para afrontar este riesgo. No le veo al régimen una estrategia clara”.

Un detalle de ligereza notado por docentes de estudios internacionales es que, al saludar el 51 aniversario de la firma en Ginebra, la Cancillería venezolana asentó que “con la firma de este Tratado se reconocen los derechos soberanos de Venezuela sobre el Esequibo”, lo que no es cierto, pues el Acuerdo de Ginebra lo que reconoce es que existe una contención, es decir, un reclamo por parte de Caracas, no sus derechos.

Otra arista del tema es la situación de Caracas con respecto a la Caricom (Comunidad del Caribe anglohablante), con 14 votos decisivos para favorecer al gobierno venezolano en la Organización de Estados Americanos, pero que durante décadas, ha apoyado a Guyana frente al reclamo de Venezuela.

Los expertos consideran que Guyana se ha preparado, y muy bien, para la eventualidad de que la controversia llegue a la CIJ u otros escenarios. Cuenta con el respaldo de la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones: el Reino Unido y medio centenar de países que fueron sus colonias. La entrevista dada a la BBC esta semana por el ministro de Relaciones Exteriores guyanés, Carl Greenidge, es una muestra de su preparación.

El Esequibo, finalmente, se perfila en este 2017 como gran tema de la política exterior de Venezuela: puede haber decisiones al cabo de un pleito que lleva ya casi dos siglos.

Litigio petrolizado

El 10 de octubre de 2013 el patrullero oceánico Yekuana de la Armada venezolana interceptó al buque de exploración petrolera Teknik Perdana, de bandera panameña, cuando faenaba en aguas reivindicadas por ambos estados frente al territorio Esequibo. En la plataforma submarina hay grandes depósitos de hidrocarburos.

“A partir de entonces se registra una inflexión en la posición de Guyana, que era ignorar o desentenderse de la controversia: ahora le interesa resolverla, para poder emprender la explotación de sus recursos”, apunta el investigador Rajihv Morillo Dáger, de la Universidad Católica Andrés Bello.

La controversia ya no es solo por territorio, por resolver una injusticia histórica o por una salida a la navegación oceánica, sino que también se ha petrolizado.

Al proyectar las fachadas costeras se cruzan las líneas de demarcación que cada país proyecta sobre el Atlántico que reivindica, y en la zona marítima por delimitar “pueden existir recursos entre 13,6 y 15,2 millardos de barriles de crudo liviano y entre 32 y 42 billones de pies cúbicos de gas natural, según el Servicio Geológico de Estados Unidos”, apunta Kenneth Ramírez, presidente del Covri y catedrático de geopolítica petrolera.

Los hallazgos de Exxon, destacó Ramírez, avalan esas proyecciones. Firmas especializadas calculan el valor presente neto del campo Liza en 4,5 millardos de dólares y el de Payara en 1,6. Sumadas, equivalen al doble del actual producto interno bruto de Guyana. Ello suponiendo que cada uno de esos campos produzca hacia 2015 unos 180.000 barriles diarios de un crudo que pueda venderse hasta 65 dólares por barril de 159 litros.

“Todo eso hace que en Georgetown especulen con la posibilidad de convertirse en ‘el Kuwait del Caribe’ y, por primera vez en medio siglo, a Guyana no le conviene el statu quo, lo que puede ser aprovechado por Venezuela para presionar por un arreglo práctico que la resarza del despojo histórico del cual fue víctima”, concluyó Ramírez.

Si se llega a la Corte…

-El secretario general de la ONU podría remitir (término impreciso) el asunto a la Corte Internacional de Justicia, pero no como un procedimiento contencioso (litigio), algo previsto para hacer por un Estado demandante o un acuerdo entre varios estados.

-Si la controversia llega así a la Corte, debe tener el consentimiento de los Estados concernidos. Venezuela anunció (mensaje en Twitter de la Cancillería) que no aceptará la jurisdicción de la CIJ, su tesis permanente, opuesta a la de Guyana.

-El aparte 1 del artículo 36 del Estatuto de la CIJ dice que “la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan”. La tesis de Venezuela sería no aceptar someterse a la jurisdicción de la CIJ.

-El aparte 6 del mismo artículo reza que “en caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”. Hay precedentes sobre exclusiones expresas que hacen los Estados acerca de la jurisdicción de la CIJ en sus litigios.

-A la Corte podría someterse una consulta (como, por ejemplo, si obtener la nulidad del fallo de 1899 es pre-requisito obligatorio para buscar un arreglo práctico de la controversia, según la tesis de Guyana) pero según el Estatuto de la CIJ las opiniones consultivas se producen a pedido de órganos de la ONU, como el Consejo de Seguridad o la Asamblea General.

Nylander, reforzado

Nacido en 1969, Dag Halvor Nylander es un experimentado diplomático noruego, designado por el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, como su representante personal en las gestiones para tratar la controversia entre Guyana y Venezuela. Abogado de formación -delgado, calvo, cuidado bigote- representó a su país en las embajadas de Buenos Aires, Bogotá y la ONU.   Su principal carta de presentación es haber contribuido como un discreto y paciente mediador para lograr “uno de los mejores acuerdos de paz en el mundo”, el de 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Nylander es el primer buen oficiante en dos décadas que no es oriundo del Caribe de habla inglesa. La Comunidad de Estados Caribeños (Caricom) siempre ha respaldado a Guyana ante la reclamación de Venezuela.

Sus antecedentes, su “mandato reforzado”, el plazo de este año para agotar los buenos oficios y la experiencia noruega en acuerdos de paz -como el de Colombia o uno de los alcanzados entre israelíes y palestinos-  sugieren que Nylander podría tomar iniciativas para encauzar la controversia. Pero debe actuar no sólo con discreción y equilibrio, sino también con prisa.

Atento a los detalles, Nylander ha dicho de su trabajo que una mediación siempre debe, sobre todo al comienzo, mantener un perfil bajo y eludir la publicidad. Se le conoce y reconoce talento y trabajo para tejer acuerdos políticos, pero no se sabe de su experiencia en controversias territoriales.

El acuerdo gobierno-FARC llegó al cabo de 52 años de esa insurgencia guerrillera. La controversia bajo el Acuerdo de Ginebra ya lleva 51.

Tomado de WWW.EL-NACIONAL.COM

 
Humberto MárquezHumberto Márquez

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