LA FISCAL Y SU TOBO DE AGUA FRÍA

La denuncia

En medio de unos cuantos silencios escandalosos, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tomó la decisión de denunciar que las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la 155 y la 156, configuraban la ruptura del hilo constitucional.

Un tobo de agua fría para quienes apostaron a que podía consolidarse definitivamente en el país la supresión de la inmunidad parlamentaria y la criminalización de hecho de aquellos diputados que, en ejercicio de las atribuciones que les confiere la Constitución, asumieran votos y opiniones que pudieran ser consideradas como supuesta traición a la patria.

Eso de salir a defender la idea de que el Tribunal Supremo de Justicia puede asumir las competencias de la Asamblea Nacional, para revestir de constitucionalidad actos del Ejecutivo reñidos con el texto fundamental de la República, dejó muy mal parados a constituyentes de 1999 y actuales parlamentarios oficialistas. Y sobre todo, dejó un mal sabor en la comunidad internacional. Podrán hablar de guerra mediática, pero las reacciones en la condena a escala mundial a la tentativa de eliminar de hecho al parlamento venezolano  no se hicieron esperar. No se trató de un simple impasse (sin acento en la í, señor Presidente) sino de una grave e inexcusable violación de la Carta Magna, frente a la cual hay que establecer responsabilidades.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz no merece una medalla ni una estatua por lo que hizo. Simplemente cumplió con una de sus obligaciones constitucionales. Tampoco se le debe crucificar y menospreciarse su actuación rebajándola al nivel de una parodia montada junto al Gobierno. Cada quien con sus opiniones, pero a la gente se le conoce por sus hechos y actuaciones en momentos de crisis, en situaciones cruciales. Guardando las distancias, es inevitable comparar su posición con la que asumiera el 11 de abril de 2002 Isaías Rodríguez, entonces fiscal general de la República, cuando denunció el “carmonazo”, mediante el cual ¿casualmente? se quiso, no solo legitimar el derrocamiento del presidente Hugo Chávez, sino la disolución de la Asamblea Nacional y de los otros poderes distintos del Ejecutivo.

La independencia de poderes

Lo ocurrido con la posición pública adoptada por la doctora Ortega Díaz no ratifica la existencia de la independencia de poderes en Venezuela sino la necesidad de que ese principio sea respetado a cabalidad. Llegamos a este punto por la interferencia político- partidista en los poderes públicos. Ese es el verdadero fondo del problema. No puede existir equilibrio de poderes, no puede existir un sistema de contrapesos en una democracia, cuando privan los intereses de una parcialidad cuando se adoptan decisiones en teoría basadas en la constitución pero en la práctica alejadas o de espaldas a ella.

Las dos últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, modificando sustancialmente las sentencias 155 y 156, evidencian precisamente el enredo que producen esas intromisiones.

Más allá de las discusiones entre expertos en derecho constitucional, se quiso presentar estas sentencias 155 y 156 como la panacea para evitar un estado de conmoción interna… Y, vaya paradoja, la conmoción se hizo presente. Y, al corregir esas sentencias, quedó en evidencia lo que ocurre cuando factores ajenos interfieren en los órganos de justicia. El principio de colaboración entre poderes, tantas veces esgrimido para alegar la fortaleza de la democracia, solo funciona entre poderes realmente independientes. Y lo contrario a la independencia no es otra cosa que la sumisión, que debe existir solo frente a la constitución y las leyes.

Necesitamos en Venezuela un ambiente en el cual cada poder cumpla con sus atribuciones sin otro cálculo y otra presión que la de actuar en concordancia con sus obligaciones constitucionales y el interés superior de TODO el país.

Por eso la actuación de la fiscal Ortega Díaz, en esta coyuntura, tiene que ser valorada como un aporte de primer orden para que cada poder asuma plenamente sus funciones y se limite estrictamente a las competencias que le señala la constitución. Y para que las controversias existentes en la sociedad se resuelvan de acuerdo a los mecanismos establecidos por la Constitución, e indudablemente mediante una impostergable negociación política. Venezuela debe tomar la ruta electoral, sin dilaciones. Ningún funcionario debe estar siquiera un día adicional a la fecha de vencimiento del período para el cual fue electo.

 

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