VENEZUELA Y LA OEA

El pedido de Luis Almagro, secretario general de la OEA, a los países miembros para tomar acciones contra Caracas en el marco de la Carta Democrática si Venezuela no convoca elecciones ha tenido un efecto.

Primero, 14 gobiernos, entre ellos algunos, como el mexicano, que andaban siempre en puntas de pie con respecto a Venezuela, emplazaron a Nicolás Maduro abiertamente a restablecer la democracia liberando presos políticos, convocando las elecciones para elegir gobernadores pospuestas el año pasado y devolviéndole sus fueros a la Asamblea Nacional. Luego, una veintena de países respaldaron la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente y, en ella, aprobaron presionar a Maduro con gestiones diplomáticas.

No es exactamente lo que pedía Almagro, pues ya ha habido un año largo para que Maduro responda a las gestiones diplomáticas ofrecidas por la OEA desde que el secretario general por primera vez invocó la Carta Democrática. Esas gestiones son el paso previo para cualquier acción sancionadora, en este caso la posible suspensión de Venezuela. Pero seamos serios: antes del llamado más reciente de Almagro, nada se movía (salvo algunos gestos aislados y valiosos de Mauricio Macri, Michel Temer o Pedro Pablo Kuczynski sin consecuencias efectivas); ahora, buena parte de los países de la OEA emplazan a Maduro. Si, como sucedió hace un año, Caracas hace caso omiso a los buenos oficios de la OEA, este organismo ya no tendrá más remedio que proceder de acuerdo con lo que pide Almagro, que es aplicar la Carta Democrática.

Tiene, además, el respaldo de una veintena de ex Presidentes iberoamericanos. Ellos acaban de emitir una declaración afirmando que la dictadura venezolana viola todos los principios democráticos del documento de marras. ¿Por qué es esto importante? Porque neutraliza, abrumadoramente, a los tres ex Presidentes -José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández- que, han jugado en este año el papel de celestinas del régimen dictatorial. El “diálogo” que han auspiciado entre el gobierno y la oposición ha permitido a Maduro evitar el referéndum revocatorio que la Constitución autorizaba a la oposición a exigir, seguir apresando opositores y destruir lo que quedaba de institucionalidad parlamentaria.

Como es ampliamente conocido, Maduro ha utilizado al máximo tribunal de justicia para desventrar a la Asamblea, que la oposición domina porque el pueblo venezolano así lo decidió.

 

 

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