LA FISCAL CONTRA MADURO

Todo comenzó el pasado 31 de marzo. Ese día, para sorpresa de toda Venezuela, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, uno de los pilares fundamentales del chavismo dominante, formuló unas declaraciones explosivas: las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia violaban el orden constitucional. Era todo lo que necesitaba la oposición para disponer de la pieza clave para terminar de armar el grave rompecabezas nacional.

Desde aquel extraordinario 6 de diciembre de 2015, el régimen perdió la iniciativa. Paso a paso, la elección de una Asamblea Nacional con dos terceras partes en manos de la oposición ataba a Nicolás Maduro de piernas y manos, llevándolo a reaccionar violentamente, y cada vez con mayor torpeza. Fue una acción desesperada que lo llevó a desconocer los resultados de las elecciones parlamentarias, a negar el derecho constitucional de los ciudadanos a revocar en un referéndum su mandato presidencial, y a borrar del cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral la celebración de elecciones regionales previstas para el último trimestre de 2016.

La última jugada para sacar del tablero de juego a la oposición fueron esas sentencias 155 y 156, mediante las cuales el máximo tribunal borraba “legalmente” del mapa a la Asamblea Nacional y se apropiaba -porque sí- de todas sus competencias. Entre ellas, la facultad de destituir a la fiscal general de la República y designar a su sucesor, un punto que sin duda influyó en la reacción de Ortega Díaz.

Estas dos sentencias fueron denunciadas de inmediato por la oposición. Más aún, les permitieron a sus dirigentes calificar aquel desafuero de auténtico golpe de Estado, y convocar al pueblo a la rebelión civil para restaurar el hilo constitucional roto abruptamente por el TSJ. Por su parte, Luis Almagro, desde Washington, aprovechó la nueva crisis institucional para reintentar aplicarle al gobierno de Maduro la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, la denuncia de la oposición y la determinación de Almagro de condenar al gobierno venezolano podían a tropezar con el argumento de que la denuncia tenía carácter político y por lo tanto el conflicto debía ser resuelto internamente, mediante un acuerdo entre las partes.

La imprevista declaración de Ortega Díaz le dio un vuelco decisivo a la situación. Su denuncia le daba a la compleja crisis política un carácter decisivamente institucional. Las acciones del TSJ a lo largo del último año ya habían creado un gravísimo conflicto institucional con el Poder Legislativo y, de pronto, con las sentencias 155 y 156, el TSJ abría un nuevo conflicto de poderes, en este caso con el Ministerio Público.

Desde ese instante, sin duda punto relevante del actual proceso político venezolano, la tesis del autogolpe de Estado y la legitimidad constitucional de las acciones que estaba dispuesta a asumir la oposición para satisfacer el derecho, sumados a la obligación de salirle al paso a cualquier ruptura del orden constitucional, convirtieron a Ortega Díaz en el más sorprendente y peligroso enemigo de Maduro, al tiempo que su rotunda denuncia la hacía a su vez intocable.

Desde ese decisivo 31 de marzo, la determinación opositora de tomar las calles y no abandonarlas hasta propiciar la transición de Venezuela hacia la democracia obtuvo una nueva carta de naturaleza institucional, un paso imprescindible para propiciar un cambio político de fondo con el visto bueno de la región y de la Unión Europea.

A la vez, gracias a la posición adoptada por Ortega Díaz, nada ni nadie podía en lo adelante acusar a la oposición de golpista.

Como era de suponer, la artillería oficial dirigió andanadas contra la fiscal rebelde, quien en ningún caso podía ser sindicada de oposicionista, sobre todo después de que ésta condenara el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles detenidos por protestar, insistiera en el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente, y exigiera el desarme de los grupos civiles armados, valga decir, de los llamados colectivos chavistas, herederos de aquellos “círculos bolivarianos”, organizados por Diosdado Cabello y Miguel Rodríguez Torres desde el primer día del primer gobierno de Hugo Chávez.

La última y más grave iniciativa de Ortega Díaz, en su empeño por desarticular las artimañas de Maduro y sus lugartenientes, se produjo en la rueda de prensa convocada por ella para el pasado 24 de mayo, rueda de prensa accidentada, por cierto, dado que, cuando estaba a punto de iniciarse, misteriosamente se interrumpió el servicio eléctrico. Restablecida la normalidad, Ortega Díaz entró directamente en su tema de ese día, nada menos al muy lamentable caso del joven Juan Pablo Pernalete durante la marcha opositora del 26 de abril.

Según el informe forense, la muerte no fue producida por el disparo de una “pistola de perno”, como habían sostenido Maduro y su ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino, dando a entender que el asesino era un improvisado pistolero de la propia oposición, sino por el impacto de una granada de gases tóxicos efectuado a quemarropa por un efectivo de la Guardia Nacional.

Para ser precisa, indicó Ortega Díaz que en la autopsia que se le practicó al joven asesinado se determinó que la causa de su muerte fue un paro cardiaco a consecuencia de un golpe que le fracturó el esternón y algunas costillas, huesos que a su vez perforaron su pulmón izquierdo.

La respuesta del régimen no se hizo esperar. Primero lo hizo al general Néstor Reverol, ministro de Justicia; inmediatamente después Padrino López le respondió a Ortega Díaz. Ambos acusaron a la fiscal de ofender el honor de la Guardia Nacional y Padrino López llegó al extremo de denunciar que “Ortega Díaz había perdido su lealtad revolucionaria”, como si esa supuesta lealtad fuera, y tuviera que ser, mucho más importante y válida que la verdad y la justicia.

En todo caso, estas declaraciones, con las que decisiones que seguramente vendrán -porque Ortega Díaz tuvo la audacia de meter el dedo hasta el fondo de la llaga militar que representa la Guardia Nacional como componente del universo militar venezolano- y  on un ingrediente demasiado peligroso para que Maduro lo deje pasar así como así. Entre otras razones, porque para nadie es un secreto que la última palabra en el desenlace que tarde o temprano tendrá la terminante crisis política venezolana la dirá, precisamente, la Fuerza Armada Nacional.

Y no porque a algunos de sus miembros se les ocurra tomar eso que desde el régimen llaman atajos golpistas, sino porque resulta imposible saber con exactitud qué ocurre realmente dentro de los cuarteles, y nadie se atreve a vaticinar qué ocurrirá mañana, pasado mañana, algún día, si los efectivos de la Guardia Nacional se niegan a seguir reprimiendo con escandalosa ferocidad las manifestaciones pacíficas, y si llegado a ese punto, Maduro se atreve a encargarle a su ministro de la Defensa dar la orden para que los efectivos del ejército repriman las marchas de venezolanos indefensos con armas de guerra. Y eso, si Padrino López acatara la instrucción de su comandante en jefe, precipitaría de lleno a Venezuela en las honduras de una dimensión desconocida y letal.

 

 

*Editado y actualizado

 

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