LOS VERDADEROS DILEMAS DE LA NEGOCIACIÓN

Ante el sorpresivo anuncio de una nueva ronda de negociaciones en República Dominicana, la pregunta más importante que surge es si el gobierno y la oposición venezolana de verdad tienen interés en acordar elecciones competitivas.

La pregunta no es retórica. El múltiple fracaso en negociaciones anteriores hace pensar que es muy alta la probabilidad de que otro fiasco profundice aún más la crisis. 

En esta ocasión los incentivos parecen ser diferentes. El gobierno por primera vez en mucho tiempo tiene un interés concreto en realizar elecciones pues percibe que tiene capacidad de ganarlas ante una oposición dividida y sin liderazgo y un control institucional y clientelar cada vez más grande.

Hasta hace poco, el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueaba sistemáticamente el calendario electoral. Ahora, más bien, lo acelera.

El presidente Maduro sabe que solo será reconocido por la comunidad internacional para un nuevo periodo presidencial si las elecciones cuentan con el aval del resto del mundo. Esta legitimidad es particularmente importante en un momento en el que le urge acceder a los mercados internacionales para asegurar financiamiento.

El gobierno además de legitimidad necesita que le levanten las sanciones económicas. Lo segundo no va a pasar sin lo primero.

Tampoco es claro si las concesiones para mejorar las condiciones electorales serán lo suficientemente significativas.

Resulta más bien evidente que el gobierno, a pesar de las presiones externas, tan sólo aceptará un acuerdo que le permita asegurar elecciones semi-competitivas, inhabilitaciones incluidas.

Las encuestas si bien muestran un liderazgo opositor que pierde terreno y una aprobación de la gestión oficial que no es deleznable, el presidente Maduro continúa siendo claramente minoritario y el venezolano sigue buscando desesperadamente un cambio.

El hecho de que el país haya entrado oficialmente en hiperinflación también compromete la posibilidad de un triunfo oficialista si no cuenta con una cancha relativamente inclinada a su favor.  Pensar en elecciones competitivas es ilusorio pero alguna concesión deberá hacer el régimen para que la comunidad internacional pueda bendecir el proceso.

El impacto de las sanciones induce al gobierno a negociar.

Para continuar cumpliendo con sus compromisos externos, el gobierno debe hacer frente a una deuda externa[i] que lo ha llevado a recortar indiscriminadamente las importaciones y liquidar la mayor parte de sus activos financieros, provocando un severo colapso económico.

Sin embargo, es poco lo que puede recortar. Asimismo, los mayores activos que quedan por liquidar son activos reales del sector petrolero para lo cual se requiere de aprobación de la Asamblea Nacional.

De hecho, con las sanciones económicas aplicadas es imposible para el ejecutivo nacional refinanciar e incluso reestructurar la deuda externa. Sus únicas opciones reales son o bien seguir pagando o repudiar la deuda. Si opta por repudiar los riesgos legales, sobre todo para PDVSA, son enormes.

La oposición tiene objetivos diametralmente opuestos. Esta vez la oposición busca la negociación porque sin un cambio en las condiciones electorales no puede competir.

La grave derrota sufrida en las elecciones regionales del 15-O mostró a un chavismo dispuesto a utilizar todo su poder institucional, y a movilizar un aparato clientelar muy sofisticado, tanto en logística, tecnología como en su capacidad de condicionamiento social del voto.

La oposición se sabe en desventaja. Las elecciones municipales del 10-D amenazan con dejarla aún más desmoralizada y dividida, y a un paso de la desintegración. Tan solo una negociación con una comunidad internacional desplegada para apoyar la integridad del proceso, puede promover un cambio en las terribles condiciones electorales existentes.

Esta negociación bajo la veeduría internacional es su única opción disponible y por lo tanto asiste a esta cita por sentir que no tiene alternativas.

La negociación será inevitablemente compleja para todos, pero muy especialmente para la MUD. Las divisiones internas (la aparición aún incipiente de dos bloques entre AD, UNT y AP por un lado y de PJ y VP por el otro) van a llevar a que el acuerdo sea un proceso alcanzado por múltiples bandas, con AD jugando como pivote central en cualquier potencial pacto con el chavismo.

La dinámica podría ser verdaderamente explosiva.  Para comenzar, si bien un acuerdo parcial en la mesa de negociación podría ser validado en la Asamblea Nacional contando con una mayoría simple de diputados pertenecientes a AD, UNT, AP mas la bancada del PSUV. Este acuerdo dejaría por fuera (entre otros) a VP y PJ y sería inevitablemente validado por la comunidad internacional.

Sin embargo, el costo político de un acuerdo no debidamente consensuado sería altísimo pues comprometería la capacidad de ganar la presidencia de cualquier candidato, y podría provocar el surgimiento de una tercera candidatura. 

Parece evidente que la única forma que tiene la oposición de detener una dinámica tan perversa es delegar el control de todo el proceso en un negociador creíble.

A pesar de este riesgo, los partidos opositores han aceptado ir cada uno con una representación propia, incrementando así las probabilidades de que el proceso de negociación termine por dividirlos.

Es innegable que, en principio, ambos bandos necesitan alcanzar un acuerdo, pero no lo van a lograr sin un tercero.

El gobierno necesita legitimar su cuestionada reputación política internacionalmente para resolver su precaria viabilidad económica y financiera y así tener un mayor chance de prolongarse en el poder. Y la oposición, que se vuelca sobre este proceso en una posición de franca debilidad por sus absurdos conflictos internos, no tiene otra alternativa si quiere sobrevivir.

Lo que resulta aún más evidente es que sin la comunidad internacional ninguno va a ganar.

El papel de la comunidad internacional (y en especial de los cancilleres) es fundamental para darle seriedad a un proceso de negociación que se ha caracterizado por una gran informalidad “caribeña”. Adicionalmente, se necesita de un árbitro que garantice que los acuerdos se cumplan.

Sin este acoplamiento político, la capacidad de obtener concesiones sustantivas por parte del gobierno, tanto en materia electoral como en los temas de las habilitaciones y la liberación de los presos políticos, se verá sensiblemente afectado.

El dilema de la negociación es profundo. Si el gobierno le otorga a la oposición lo que pide va a perder electoralmente.  Si el gobierno no cede tampoco se legitima internacionalmente y las sanciones se vuelven “pegajosas”.

El conflicto venezolano continúa siendo existencial.

 

 

*Versión editada

Tomado de WWW.PRODAVINCI.COM

[i] Equivale a 150 por ciento del PIB y 450 por ciento de las exportaciones petroleras

 
Michael PenfoldMichael Penfold

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