EL GIGANTE DESPIERTA
EE. UU. DECIDIDO A PROVOCAR UN CAMBIO EN VENEZUELA

Hoy ya no es un exagerado afirmar que el cambio de régimen en Venezuela constituye una alta prioridad de Estados Unidos.

A diferencia de la administración de Barack Obama, el Gobierno de Donald Trump ha asumido una posición firme a favor de un retorno a los valores democráticos en Venezuela.

Durante la administración del presidente demócrata se llevó adelante una política expresa de apaciguamiento. “Hubo una estrategia por parte de diplomáticos de alto rango (de la administración de Obama) que buscaba favorecer la estabilidad de Venezuela a costo de la seguridad de Estados Unidos”, afirmó el ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, en febrero del año pasado.

Un reportaje del diario español ABC, de julio de 2017, develó cómo la administración de Obama había ordenado dejar a un lado la investigación sobre los vínculos entre la organización terrorista, Hezbollah, y el régimen de Nicolás Maduro para no afectar los acuerdos que se venían negociando con Irán. Aunado a ello, recordamos la política de Obama con respecto a los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como el acercamiento anterior con el régimen de Raúl Castro.

Pero política concluyó cuando en noviembre de 2016 cuando Donald Trump, del partido Republicano derrotó a Hillary Clinton. Y en enero se inició el viraje.

La nueva orientación coincidió con una coyuntura: mientras Trump empezaba a tomar las riendas de una nación, en Venezuela, al norte de Suramérica, y de frente al Mar Caribe, se iba acentuando la degradación política y económica. Dos meses después estalló la crisis.

Fue una de las protestas populares más dramáticas ocurridas en país Latinoamericano alguno, y la muerte de numerosos jóvenes desarmados, puso al descubierto el carácter criminal del régimen de Nicolás Maduro. Además, y debido a la fuerte crisis económica, otras costuras también se exhibieron.

La captura de dos sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico; los vínculos abiertos de algunos funcionarios con asociaciones terroristas islámicas, y la hostilidad con naciones occidentales. Todo empezó a gotear dentro de un vaso que en cualquier momento se rebosaría.

La administración de Trump se estrenó sancionando al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el 13 de febrero de 2017. Una fuente de la Casa Blanca indicó en ese momento que la decisión fue impulsada debido al papel del importante funcionario en el “tráfico internacional de drogas”.

Que un vicepresidente de una nación constituya una pieza fundamental en el narcotráfico internacional es inaceptable. Sobre todo, si forma parte de un país occidental. Pero ciertamente llama la atención cómo la primera acción de la novel administración fue atentar contra un cabecilla de la dictadura chavista. No fueron moderados.

Mientras el Departamento del Tesoro congelaba activos a El Aissami, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los llamados “narco sobrinos” enfrentaban un largo juicio en Nueva York. Fue un proceso que le reveló a Estados Unidos los vínculos directos entre el Ejecutivo y el narcotráfico.

Semanas después, en abril, luego de sentencias ilegales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que secuestraban las facultades del Parlamento venezolano, se iniciaron las protestas que hemos reseñado.

Desde un principio la represión fue brutal y cada vez eran más los jóvenes asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. En medio de esa coyuntura, el 18 de mayo, el Gobierno de Trump decidió hacer responsables a los magistrados del TSJ por haberse apropiado de las funciones de la Asamblea Nacional. Fueron las primeras sanciones al régimen de Maduro no relacionadas con el narcotráfico. A los magistrados les congelaron sus bienes y se les impidió hacer transacciones.

“Estados Unidos no va a permitir que aquellos que impiden la democracia o violen los derechos humanos permanezcan impunes”, dijo en ese momento el senador Marco Rubio, uno de los promotores de las sanciones.

La represión no cesó. Las protestas se acentuaron, así como el número de muertos. La crudeza del conflicto era inaceptable para la región. Los venezolanos, por su parte, esperaban que la comunidad internacional asumiera una postura mucho más firme frente a las constantes violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, fue un acontecimiento inesperado el que encendió las alarmas del mundo: Maduro anunció la convocatoria de una Constituyente ilegal con el fin de reformar el Estado a su conveniencia.

El Gobierno de Estados Unidos empezó a emitir advertencias a la dictadura chavista: si se continuaba con el disparate constituyente, la administración de Trump no titubearía para imponer sanciones mucho más fuertes.

Unos días antes del 30 de julio, cuando se suponía que sería electa la Constituyente, Trump envió una alerta mucho más tajante a Nicolás Maduro. El miércoles 26 se expandieron las sanciones que ya habían sido aplicadas a los magistrados: a la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; a la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; al ministro de Interior, el general activo Néstor Reverol; al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; al defensor del Pueblo (y luego fiscal), Tarek William Saab; y a importantes militares. A todos ellos les fueron bloqueados sus bienes por estar involucrados en hechos de corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos.

La Casa Blanca también advirtió que “cualquier persona que se incorporara a la Constituyente se expondría a sanciones de Estados Unidos”, advirtiendo que una vez que se instalara esta Asamblea ilegal se considerarían sanciones económicas adicionales.

A pesar de las protestas, de la advertencia de la comunidad internacional y de las sanciones, la dictadura decidió avanzar: el 30 de julio, empapada de sangre y represión, se impuso la Asamblea Nacional Constituyente a través de un proceso electoral fraudulento. Grave error para Maduro: al día siguiente amaneció sancionado.

Estados Unidos “congelará los activos, prohibirá los viajes y prohibirá las transacciones comerciales para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de socavar la democracia después de llevar a cabo una elección (…) para una todopoderosa nueva Asamblea”, se leía ese lunes 31 de julio en el diario estadounidense Miami Herald.

Los duros golpes no bastaban, mientras en Venezuela, a pesar de que se había impuesto la Constituyente, la tensión política en las calles había mermado. Sin embargo, para Estados Unidos eso no significaba nada. Ciertamente, la oposición venezolana había anunciado su intención de participar en el proceso electoral de las regionales, adelantado para el mes de octubre por la propia Constituyente.

El miércoles 9 de agosto el Gobierno de Trump anunció penalizaciones contra ocho nuevos venezolanos. Fue otra respuesta a la decisión del régimen de desmontar la Constitución de la República con la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente.

Al hermano del expresidente, Adán Chávez; a los prominentes chavistas Francisco Ameliach, Érika Farías, Carmen Meléndez, Tania D’Amelio, Darío Vivas, Herman Escarrá y al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Vladimir Lugo, les fueron congelados sus activos en EE. UU., y les fue prohibida cualquier transacción financiera.

Luego, dos días después, Trump expresó la que sería una de sus declaraciones más polémicas hasta el momento:

“Tenemos muchas opciones para Venezuela… No dejamos a un lado la opción militar. Es nuestro vecino. Ustedes saben, tenemos tropas en lugares del mundo que son muy lejanos y Venezuela no queda muy lejos”.

Tanto el presidente Donald Trump como el senador Marco Rubio, han dado duras críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro

Luego de años de una política de no-intervención en la región, Estados Unidos planteaba la posibilidad de una incursión militar con el fin de deponer al régimen dictatorial de Maduro.

Fue un momento decisivo. Un punto de inflexión que forzó a los venezolanos a abrir un nuevo debate. ¿Era conveniente una intervención militar en Venezuela? ¿Sería esa la única y última esperanza? ¿Sería una exageración? Inmediatamente surgieron reclamos y ovaciones. Algunos, a través de las redes sociales, se preguntaban qué esperaba Trump. Otros lo rechazaban categóricamente, sugiriendo incluso que preferían la miseria del chavismo al auxilio de los marines. Pero lo cierto es que, al hacer el planteamiento, Trump había subrayado que Venezuela, junto a Corea del Norte, era una de las grandes prioridades de su política exterior.

Cada vez las cosas se veían más claras: la crisis en Venezuela sí le quitaba el sueño a Washington y EE. UU. asumía la postura de estrangular progresivamente al régimen de Maduro.

El 25 de agosto se asestó otro duro golpe. Ese viernes Estados Unidos anunció la prohibición a la dictadura y a su estatal petrolera, PDVSA, de la venta de nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras de Estados Unidos. Asimismo, se prohibió cualquier transacción de bonos existentes del Estado venezolano.

Con esta operación se está limitando la capacidad del Gobierno de operar en dólares. Esto también va a tener un duro impacto en las operaciones petroleras del país porque estos instrumentos estaban siendo utilizados para financiar las compras de Petróleos de Venezuela”, dijo al Nuevo Herald, Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends, con sede en Washington.

Fue la primera sanción económica contra el régimen dictatorial. un torpedo directo contra la industria que provee los principales ingresos a ese régimen. A los pocos días la agencia Reuters publicó una nota en la que señalaba cómo las más recientes medidas estaban afectando duramente los negocios del chavismo.

Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Gustavo González, Antonio Benavides, Tibisay Lucena, Maikel Moreno y Tarek William Saab, los siete funcionarios sancionados por la Unión Europea

Tres fuentes financieras le afirmaron a Reuters que las sanciones de mediados de agosto “han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo [de PDVSA], ya que bancos y fondos de inversión estadounidenses se niegan a entregar cartas de crédito a potenciales compradores del petróleo venezolano”.

Fueron cortes quirúrgicos que han ido estrangulando poco a poco a un régimen que se erigió sobre una abundante petrochequera. No se trata de un bloqueo general ni de una política torpe de amonestación. Estados Unidos ha aprendido de errores cometidos en el pasado y sabe que ahora el objetivo es cambiar al régimen, no promover un estado de miseria sobre el que el chavismo pueda regir con mayor facilidad.

A la política de exterior de Trump se sumaron otras naciones. El 3 de noviembre el Gobierno de Canadá anunció fuertes medidas en contra del régimen de Maduro: el dictador y un grupo de 18 funcionarios fueron sancionados. Trece días después, en una reunión informal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el mecanismo de la «Fórmula Arria», Venezuela quedó expuesta como un “narcoestado”.

“Venezuela es un narcoestado cada vez más violento que amenaza a la región, al hemisferio y al mundo”, espetó la embajadora estadounidense, Nikki Haley, quien además señaló: “El mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) ¡La justicia llegará a Venezuela!”.

La condena continuó expandiéndose. A principios de noviembre la Unión Europea decidió imponer un embargo de armas y equipos de represión a Venezuela. Pero no fue suficiente. Dos meses después, toda la comunidad acordó aplicar fuertes sanciones a un grupo de funcionarios de la cúpula dictatorial. Ahora se incluía al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en una lista; también al presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Jamás en su historia Venezuela había sido tan duramente condenada por la comunidad internacional. Y la iniciativa la había tomado Estados Unidos, prueba irrefutable del compromiso del país norteamericano con la urgencia de cambio en Venezuela.

En junio del año pasado el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo:

“Hay fuertes alegatos de desertores sobre el involucramiento de un individuo llamado Diosdado Cabello que, en mi opinión personal, y basado en lo que he visto, no es un simple líder político, desde mi punto de vista es el Pablo Escobar de hoy en Venezuela, es un narcotraficante”.

No fue un momento de cólera. Rubio lo reafirmó en otras oportunidades. Para él, el número dos del chavismo es un importante líder del narcotráfico en la región. No se trata de declaraciones que se puedan tomar a la ligera. Sugieren bastante. Y en ese momento Rubio demostró su compromiso con la causa de Venezuela.

Ya había abordado el tema en varias oportunidades. El 27 de marzo de 2014, cuando Venezuela atravesaba una fuerte crisis política, Marco Rubio explicó frente al Congreso de Estados Unidos cómo Nicolás Maduro violaba los derechos humanos de los manifestantes. En ese momento pidió sanciones y denunció a quienes están vinculados al régimen chavista y viven como ricos en Estados Unidos.

Pero recientemente, la ofensiva ha incrementado. En Twitter, en agosto del año pasado, el senador mantuvo un intercambio de insultos con Diosdado Cabello. Lo llamó “líder narcotraficante”, y el chavista le respondió, llamándolo “Narco Rubio”.

“@dcabellor Narco Rubio, alias @marcorubio, lo peor de la política imperial, aparece como el defensor de los terroristas que atacaron Fuerte Paramacay.”

Bob Menéndez con Luis Almagro y Marco Rubio

Rubio constantemente declara a favor del recate de la democracia en Venezuela. Al fin y al cabo, representa al estado Florida, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en el exterior. El primero de agosto envió un mensaje a Maduro y asegurándole a los ciudadanos de Venezuela que “no están solos”. Luego, el 30 de agosto, propuso a la administración de Trump un programa temporal que permitiera a los venezolanos permanecer en Estados Unidos.

“A la luz de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, no es en el mejor interés de los Estados Unidos deportar en este momento a los venezolanos no violentos de vuelta al país”, señala una carta que envió a Washington.

Rubio es un importante dirigente estadounidense. Fue precandidato presidencial republicano y pudo mantenerse en la contienda casi hasta el final. Goza de relevancia en Washington y aparentemente se mantiene en constante contacto con Trump. Y, a sus esfuerzos, se le unió otro senador, pero del otro partido: Robert “Bob” Menéndez.

Detrás de las cortinas, Menéndez también había estado enfocando sus esfuerzos en colaborar con el retorno a la democracia en Venezuela. En febrero de 2017 fue uno de los firmantes de una carta en la que varios congresistas solicitaron a Trump aplicar sanciones a Venezuela.

Su participación se ha hecho más evidente con el tiempo: en julio, cuando el secretario de la OEA, Luis Almagro, asistió al Senado de Estados Unidos, fueron Rubio, Tim Kaine y Bob Menéndez quienes se mostraron más preocupados por las violaciones a los derechos humanos en la nación gobernada por Maduro. Posteriormente, Menéndez ha hecho fuertes declaraciones sobre la coyuntura venezolana. Ha dicho que la intervención de la comunidad internacional es urgente.

Pero ha sido esta última semana cuando Rubio y Bob Menéndez han demostrado su compromiso con Venezuela: enviaron una carta al presidente Trump en la que le aconsejan imponer sanciones a Diosdado Cabello; también escribieron al fiscal general, Jeff Sessions, para solicitarle que inicie una investigación contra Maduro por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el tráfico de droga; y, por último, aseguraron que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, “debe convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una reunión de emergencia sobre Venezuela”.

Si las tres peticiones de los senadores bipartidistas se llegasen a cumplir, Estados Unidos estaría lanzando tres dardos letales al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, se enviaría un mensaje a la comunidad internacional bastante claro: es momento de aumentar el nivel de presión y trascender las sanciones.

“Venezuela podría convertirse en un riesgo para Estados Unidos. Los cubanos están allí; los rusos están allí; los iraníes y Hezbollah, están allí”, dijo el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, el pasado 13 de agosto.

Era una declaración bastante delicada, y lo dijo justo después de que Trump planteara la opción militar. Es el director de la principal agencia de inteligencia del mundo quien asegura que la permanencia del régimen dictatorial de Maduro constituye un peligro para Estados Unidos.

Asimismo, hace unos días Pompeo reconoció que la CIA ha sido la principal institución estadounidense que se encuentra detrás de las sanciones de Trump contra la dictadura. Dijo, también, que Venezuela es una de las prioridades del presidente de los Estados Unidos.

“No solo estamos enfocados en Corea del Norte e Irán. Estamos trabajando diligentemente para resolver los problemas en Venezuela, y en África”, dijo el director de la CIA luego de una conferencia en el centro de estudios American Enterprise Institute, el pasado 23 de enero.

Está muy claro: el cambio de régimen en Venezuela es una alta prioridad de Estados Unidos. Lo demuestra el contundente viraje con respecto a la administración anterior: las sanciones, las fuertes declaraciones y los constantes eventos en torno a la crisis en el país latinoamericano.

Hace unos días, para el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, DW, el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo: “Démosles una oportunidad a las sanciones. Las sanciones son la última medida diplomática, la medida diplomática más dura. Esas sanciones, no obstante, deben abarcar más. Deben golpear al régimen”.

“Estimamos que las sanciones [a #Venezuela] deben abarcar más, (por ejemplo) incluir a familiares de los altos jerarcas de dictadura…”, asegura @Almagro.  Esto lo dijo hace pocos días, el 26 de enero.

Almagro dice que las sanciones constituyen la última etapa de la acción diplomática. Asegura, también, que la peor sanción para Venezuela sería la permanencia de Maduro por seis años más. Son juicios bastante serios.

Al día siguiente, se anunció que Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, iniciaría el 1 de febrero una gira por Latinoamérica enfocada en Venezuela. Visitará Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Kingston. Su recorrido se asemeja a la del vicepresidente Mike Pence, realizada en agosto del año pasado, cuando se reunió con varios mandatarios de la región. Lo hizo luego de las polémicas declaraciones de Trump, cuando habló de una eventual incursión militar.

Sus esfuerzos se sumarán a los de Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes se mantienen vigilantes. También a los del secretario Almagro, cuyo despacho está también en Washington y está muy claro que ha asumido como suya la causa de los venezolanos.

Su posición la comparte el resto de la comunidad internacional. Incluso Francia, cuya diplomacia no suele ser frontal -y no ha tenido encontronazos con el chavismo- denunció el autoritarismo en Venezuela.

Como señaló Almagro, las sanciones son las últimas alternativas diplomáticas; luego, otras medidas deberán ser tomadas. Y en ese escenario, nuevamente Estados Unidos bien podría ser precursor.

 

 

 

*Editado

Tomado de ES.PANAMPOST.COM

 
Orlando AvendañoOrlando Avendaño

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