LAS TORTURAS EN LAS MAZMORRAS DE MADURO: CORRIENTAZOS, PALIZAS… ABUSOS SEXUALES

Abogados de derechos humanos alertan de que la represión continúa, aunque reciben con «gran esperanza» el examen preliminar abierto por la Corte Penal Internacional

El examen preliminar sobre Venezuela abierto por la Corte Penal Internacional (CPI) se ha recibido con «gran esperanza» entre las víctimas de la represión en el país, pero «lo más grave» es que «las torturas sistemáticas no han cesado y continúan hasta el día de hoy», afirma la abogada de derechos humanos Tamara Sujú, exiliada desde 2014.

Sujú ha denunciado (ante la CPI-) 357 casos documentados de tortura por parte de los organismos de seguridad del Estado desde 2013 hasta la actualidad y a los que hace responsables a una cadena de mando formada por 92 cargos civiles y militares del aparato bolivariano, según reveló este viernes en una rueda de prensa en Madrid junto con el también letrado Juan Carlos Gutiérrez, que defiende al líder opositor Leopoldo López, en situación de arresto domiciliario. Se trata de auténtico «terrorismo de Estado», remarcó.

«Lo que más rechazo e indignación nos ocasiona son las torturas sexuales» de distinto tipo, señaló la abogada, que sufrieron 190 de las 357 víctimas. En el caso de diez de ellas, fueron violaciones, mientras que el resto sufrieron desde amenazas de violación a diferentes actos lascivos. Además, se realizan a personas de ambos sexos y sin distinción de edad, ya que entre las víctimas las hay desde menores hasta personas de la tercera edad, asegura.

No obstante, además de sus denuncias, hay otros organismos que han ido presentando más pruebas de torturas, si bien confiesa que «la cifra exacta nunca la sabremos, ya que son muchos, pero pocos los que denuncian». En este sentido, confía en que el examen preliminar de la CPI sea «un incentivo» para que otras víctimas de tortura se animen a denunciar.

En realidad, señala, se trata no solo de torturas contra los detenidos, sino «contra el pueblo venezolano», ya que «cuando un Estado no garantiza el derecho a la vida, ejerce terrorismo de Estado». El aparato represor, explica, va «contra quien denuncia que se está muriendo o que se le muere la familia por cáncer o porque no tiene pastillas para la tensión y los amenazan para que no denuncien».

Tamara Sujú asegura que el régimen de Nicolás Maduro aplica de forma sistemática un «combo» o paquete de «bienvenida», que consiste en torturas como propinarles patadas con botas militares y golpes con porras, bates, culatas de armas, así como atarlos de pies y manos y pisárselos, mientras les golpean la cabeza contra la pared. Muchos acaban con fuertes heridas en el cráneo, apunta. Ese «combo», según Sujú, también incluye encapuchar a los recién arrestados con bolsas de plástico e introducirles polvos de gases lacrimógenos mientras se les golpea en las costillas.

Tras esa «bienvenida», a los que quieren sacar una confesión y una acusación, le aplican torturas «más sofisticadas» y «quizás las más terribles», señala. Se trata de descargas eléctricas en los genitales, ahogamientos en inodoros o colgamientos por los miembros, incluso con dislocación de los hombros.

En el 70% de unos y otros casos hubo también las citadas torturas sexuales.

Este mismo viernes, denunció, se seguían dando casos de tortura en el entorno del policía Óscar Pérez y otros seis rebeldes que fueron «ejecutados extrajudicialmente» el pasado 15 de enero. En este sentido, personas de su entorno están detenidos y desaparecidos, ya que no se los lleva ante los tribunales, y «están siendo torturados de la forma más vil», continuó la abogada, directora ejecutiva del Instituto Casla, organización con sede en Praga que se ocupa de los derechos humanos en América Latina.

“El camino está abierto.” Según Tamara Sujú, esta es «la primera vez que Venezuela es examinada de forma pública» por la violación de derechos humanos. Hasta este momento, puntualiza, la CPI estaba analizando el caso de forma no pública y ahora «por fin pasa de la primera a la segunda fase» del examen preliminar.

La siguiente fase sería la «admisibilidad» por parte de la CPI, que entonces podría abrir ya una investigación formal. En ese caso, avanzó Sujú, si la fiscal lo ordena, se pueden ejercer órdenes de detención internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Y la responsabilidad alcanza no solo a quien ejecuta la acción, sino a los jefes civiles y militares al mando. «El camino está abierto», resumió.

Ella y el abogado Juan Carlos Gutiérrez remarcaron la importancia del paso dado por la Corte Penal Internacional, ya que no solo tiene «elementos punitivos», con castigos «ejemplarizantes» para los responsables por acción u omisión de los delitos, sino un efecto «preventivo».

A partir de este examen, «el radar de la CPI está fijado en Venezuela» y «las violaciones de derechos humanos tiene que cesar», advirtió. «Ese examen preliminar es una advertencia al Gobierno venezolano para que sean liberados los presos políticos y cese la represión en nuestro país», agregó.

Según Gutiérrez, la fiscal de la Corte Penal compilará información y evaluará la competencia temporal y territorial, y «el Estado venezolano tiene la obligación de responder con veracidad».

Los abogados recordaron el caso de Colombia, en el que la CPI también abrió examen preliminar en 2004 y que ha permanecido en esa fase durante más de una década. Sin embargo, eso permitió que en Colombia se produjeran «importantes avances frente a la impunidad» y «cambios en la estructura jurídica».

En cuanto a su representado, Leopoldo López, afirmó que es «una víctima más», que sufrió una «detención arbitraria» hace ya casi cuatro años y un «trato degradante». «A pesar de que se encuentra en su hogar, sigue bajo tortura psicológica, que forma parte del crimen de lesa humanidad».

En el examen preliminar también se analizarán la actuación de los manifestantes contra el régimen, algo que a Gutiérrez le parece «correcto», ya que «la fiscal debe hacer su investigación y tiene la obligación de ser imparcial», si bien aclaró que los delitos de lesa humanidad corresponden a funcionarios del Estado venezolano. «Este proceso apenas se está iniciando -reconoció- y queda un largo recorrido, pero tenemos las evidencias, la verdad y la justicia».

Junto a la medida de la Corte Penal Internacional, la presión al régimen también se ejerce con sanciones como las aprobadas por la UE contra siete altos cargos, algo que ha causado «muchísimo malestar dentro del propio chavismo», según Tamara Sujú, «porque estaba viendo a la UE como el oasis de escape». «El Gobierno venezolano no solo teme a la justicia, sino que a estos bandidos les duele la justicia y el bolsillo», comentó.

A su juicio, «no son socialistas: son unos ladrones que han robado el dinero de los venezolanos y han arruinado el país más rico de América Latina y cuando les impiden disfrutar ese dinero mal habido, les molesta». Por eso invitó a seguir sancionando a la cúpula del régimen.

Entre los denunciados por la abogada figura Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela depuesta el pasado año por sus críticas a la deriva autoritaria del régimen, pero que «tuvo participación directa en crímenes de lesa humanidad en 2014 y 15», consideró. No obstante, Gutiérrez añadió que, a su vez, Ortega ha presentado ante la CPI «evidencia contundente» de violaciones de derechos humanos a partir de abril de 2017.

 

 

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Manuel TrilloManuel Trillo

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