LOS PRESOS VERDES DEL PRESIDENTE

La detención y el posterior enjuiciamiento en los tribunales de Fuerte Tiuna de los oficiales que supuestamente lideraban y participaban en el autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo es una decisión que recae directamente sobre el presidente Nicolás Maduro.

Estos presos son suyos, así como los de los complots anteriores, reales o ficticios, y de los que puedan venir. En este sentido, la privación de libertad al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres es también una determinación del Jefe de Estado.

Esto no es un juego retórico. La justicia militar, me explicó una vez el coronel retirado Antonio Guevara, es de comando. Contrario a lo que supone la justicia civil ordinaria, en cuanto a su configuración clásica como instancia independiente del Ejecutivo, en las fuerzas armadas los tribunales operan como un órgano más de este poder. Esto es algo difícil de entender para los civiles, aún en países como Venezuela donde los juzgados ordinarios han sido cooptados por el Gobierno.

El artículo 54 del Código Orgánico de Justicia Militar lo dice con claridad, cuando enumera las atribuciones del Presidente de la República: 1) ordenar, por medio del ministro de la Defensa, el enjuiciamiento de los oficiales generales y almirantes; 2) ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados; 3) ordenar el sobreseimiento de los juicios militares; 4) conceder indultos, y 5) conmutar las penas establecidas por sentencia ejecutoriada por otra menor que la señalada en el propio código.

De manera que el Presidente no solo es el comandante en jefe de la FAN, sino también la primera autoridad de la justicia militar. El ministro de la Defensa, en este caso Vladimir Padrino, es simplemente un ejecutor de sus designios.

Se podrá señalar que Rodríguez Torres ya estaba retirado y que los demás implicados en el movimiento sedicioso no eran generales sino tenientes coroneles, primeros tenientes e incluso algún sargento. Eso no importa, puesto que la autoridad militar que ordena el procesamiento de todos ellos termina siempre agachando la cabeza ante Maduro. Siempre será un subalterno del Comandante en Jefe.

Si todo sale bien para el Presidente, el día de mañana reafirmará su autoridad en las filas castrenses. Para eso fue diseñada la justicia militar, para que cunda la disciplina por vía del ejemplo, en positivo o en negativo. Pero si las cosas no le salen como él pensaba, él será a los ojos de la oficialidad el primer responsable por lo que ocurra cuarteles adentro.

Lo que sucede dentro de la FAN solo tiene un precedente desde que Chávez llegó al poder, y fue la convulsión militar que desembocó en la crisis de abril de 2002. Pero entre aquel episodio y este hay diferencias fundamentales. Hace 16 años se manifestaron abiertamente contra el Presidente un conjunto mayoritario de oficiales generales de los cuatro componentes armados. Pero en la oficialidad media y subalterna prevalecía la afinidad hacia Chávez. Esto facilitó la retoma del poder, el 13 de abril.

Ahora se percibe un movimiento en el que participan exclusivamente comandantes de batallones del Ejército, sin auxilio de otras fuerzas militares. Es la cabeza de los “comacates” (comandantes, mayores, capitanes y tenientes). Las informaciones iniciales, conocidas extraoficialmente, indican que se habían involucrado 18 unidades. Las cuentas no cuadran. Ante los tribunales fueron presentados los jefes de cinco unidades. ¿Dónde quedó el resto? Tal parece entonces que Maduro y Padrino han intentado un “control de daños” a lo interno del Ejército. Solo el futuro inmediato dirá si la jugada les salió como querían.

 

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